Martha Del Castillo Morey
Especialista en Genero y Desarrollo
En las provincias de San Martín y Lamas se ha desarrollado el Proyecto «Mujeres por el derecho a una vida libre de violencias machistas y a los cuidados, en el marco de la crisis climática, y su impacto en los derechos de las mujeres». VOCES entrevistó a la responsable del estudio Martha del Castillo, trabajo que ha sido presentado en Tarapoto. La investigación arroja detalles y cifras que deberían ser tomados en cuenta y teniendo como línea de base los resultados trabajar una propuesta regional en todos los niveles de la comunidad regional.
Entrevista: Ernesto Calderón
¿Cómo surgió la idea de realizar este estudio sobre la violencia contra las mujeres en la región San Martín?
Es un estudio que se enmarca en el Proyecto Mujeres organizadas jóvenes y adultas de San Martín y Lamas, por el derecho a una vida libre de violencias machistas y a los cuidados, en el marco de la crisis climática, y su impacto en los derechos de las mujeres.
En este proyecto, existe la necesidad de conocer y evidenciar los cuellos de botella en el proceso de atención de casos de violencias contra las mujeres, para implementar estrategias de mejora.
¿Podría explicarnos en qué consistió el estudio?
Es un diagnóstico cualitativo que recoge la autopercepción de los funcionarios responsables de los servicios que forman parte de la ruta de atención de casos de violencia contra las mujeres, así como la percepción de las mujeres usuarias; se trata de evidenciar la situación en la que se encuentra cada servicio y también la calidad de la atención, desde la mirada de los actores vinculados con las diferentes violencias que afectan a las mujeres.
¿Cuáles fueron los principales hallazgos en relación con los derechos de las mujeres en el ámbito de estudio?
Estos son algunos de los hallazgos encontrados en el estudio y diagnóstico:
-Existe poco compromiso de la mayoría de las instituciones participantes en la IRC, que genera un escenario difícil para proteger y cumplir con las funciones, objetivos y metas. No cumplen con la presentación de sus reportes trimestrales, lo que repercute en la descentralización del observatorio regional.
– Las instituciones participan en las instancias con sus agendas propias, no existe una agenda común, donde confluyan esfuerzos, responsabilidades, sino que es la sumatoria de las agendas institucionales.
– Las IDC de Lamas, tiene un funcionamiento permanente y las instituciones actúan de acuerdo con un plan como plataforma.
– IDC San Martín, es muy débil y no tiene capacidad de convocatoria.
– El Ministerio Público, Fiscalía de la familia cumple a cabalidad con remitir dentro de las 24 horas, sin embargo, pese a la celeridad inicial, los otros servicios son lentos, por la sobre demanda existente, sumado a la lejanía de la comunidad donde vive la víctima.
– Limitaciones logísticas que brindan el soporte, las limitaciones económicas de las victimas que al final determina con el abandono del caso por parte de la afectada.
– Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) desarrollan un buen trabajo de prevención y atención de casos de violencia machistas, articulan con los otros actores que forman parte de la ruta de atención.
Desde la perspectiva de las mujeres usuarias, ¿Cómo perciben la atención en los servicios de protección y justicia en los territorios evaluados?
La percepción de las usuarias, respecto a la calidad de atención de los servicios, que conforman la ruta de atención de casos de violencias machistas, es mala en general; refieren la dilación del proceso, los costos, la falta de calidez y empatía de funcionarios, que hace que las mujeres desistan en muchas oportunidades. Persistiría además, una cultura tolerante a las violencias machistas, donde los mismos funcionarios no incorporan el enfoque de género en su práctica diaria, asumen la responsabilidad, sin mucha convicción de que sea necesario y posible erradicar las violencias machistas; aún existe funcionarios y funcionarias, que toman decisiones que afectan a las víctimas, en base a sus propias creencias, valores y concepciones sobre las violencias machistas, en lugar de ser decisiones basadas en las leyes. Una excepción serían los servicios del CEM y iFscalía de Familia de Lamas.
¿Qué nivel de conocimiento tienen las mujeres sobre las políticas nacionales y normativas relacionadas con la violencia de género?
Conocen la Ley 30364, Ley contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Desconocen otras normas o leyes relacionadas al problema.
En cuanto a los funcionarios encargados de la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, ¿Qué deficiencias o fortalezas se identifican?
La primera y más importante es la falta de presupuesto para desarrollar sus actividades; no existe suficiente personal; personal que no maneja el tema de violencias ni de género; ninguna capacitación para mejorar su desempeño en la atención de casos de violencias; indolencia a los casos de violencia; lentitud en los procesos.
Sólo algunos funcionarios muestran compromiso con cada caso que atienden y hacen lo posible por cumplir lo que la Ley establece, pero los demás pasos del proceso, no siempre se desarrollan con celeridad.
Existe una articulación efectiva entre instituciones para atender la violencia de género ¿Cómo ha sido la preparación del personal de salud en este contexto?
No existe articulación real y efectiva, lo que existen son coordinaciones entre algunos actores, pero no hay una articulación en base a un problema eje alrededor del cual cada actor desarrolle sus funciones y roles. Las plataformas que deberían ser para articular y optimizar el trabajo y los presupuestos solo sirven para que cada actor de cuenta de sus actividades referidas a las violencias de género, de manera aislada y desarticulada. Solo el caso de la Instancia de Concertación de Lamas, la articulación está funcionando de mejor manera, porque cada uno aporta desde sus instituciones para implementar un plan conjunto.
¿Podría describir el perfil de las mujeres participantes en el estudio y los factores de vulnerabilidad que enfrentan?
Son mujeres que participan en organizaciones de base, mayoritariamente viven en el ámbito rural y un porcentaje importante provienen de comunidades indígenas; todas tienen una historia de violencia pasada o presente; son mujeres que dependen económicamente de sus parejas, lo que constituye una situación de vulnerabilidad. En general no creen en las instituciones que forman parte de la ruta de atención, por lo que muchas veces se abstienen de hacer una denuncia ante casos de violencia.
¿Cuáles son las principales recomendaciones del estudio y cómo se vincula la problemática de la violencia de género con la crisis climática en San Martín?
Se deja constancia algunas recomendaciones:
– Fortalecer las capacidades de incidencia política de las mujeres organizadas, para una participación con propuestas en las instancias de concertación que les corresponda.
– Acompañar a las mujeres organizadas en el proceso de identificación y priorización de problemas y necesidades, asi como en la elaboración de sus propuestas.
– Impulsar a nivel de las IRC, la incorporación de la temática de prevención de violencias machistas, atencion de casos de violencias y reparación de las víctimas, en el plan de desarrollo concertado y otros instrumentos de gestión del desarrollo regional.
– Los planes de trabajo de las instancias de concertación regional, provincial y distrital deben priorizar un tema eje, de acuerdo con cada realidad del contexto, donde participen la sociedad civil y otros actores.
La violencia de género se vincula con la crisis climática, por la asignación social de roles de género, donde las mujeres se hacen cargo del trabajo reproductivo, que implica sostener la fuerza de trabajo de la familia, siendo así, los efectos de los eventos extremos, afecta de manera diferente a las mujeres, en el sentido que es ella quien tiene que afrontar el problema del abastecimiento de agua para la preparación de los alimentos y el cuidado de la familia; es ella que afronta los problemas de salud en casos de plagas o enfermedades post inundaciones, friajes, olas de calor u otros eventos extremos; asimismo es ella quien soporta las tensiones de la familia. Por otro lado, las medidas que se aplican en respuesta de un evento extremo no consideran las necesidades particulares de mujeres, niñas ni adolescentes, exponiéndolas a peligro, al vivir en espacios compartidos con otras familias.
¿Su mensaje o reflexión que le gustaría compartir con nuestros lectores?
Pese a no contar con el mejor sistema de justicia, siempre será más conveniente denunciar que callar. Si callamos terminamos siendo cómplices de los agresores, que violentan a las mujeres.
Fuente: Estudio Diagnóstico situación de calidad de los servicios de la ruta de atención de la violencia a las mujeres, distritos Tarapoto, Chazuta, provincia de San Martín y provincia de Lamas. (Martha del Castillo Morey)