Por: Beto Cabrera M
Documentos oficiales señalan que en el 2018 eran 7963 hectáreas de cultivo de coca, en el 2022, la cifra ascendió a 18 076, lo que significa un crecimiento del 127%
El impacto de esta actividad no solo afecta a las comunidades nativas, sino a los bosques de la amazonia
La hoja de coca incrementó su presencia en un 87% en 2022 en los territorios indígenas. En ese sentido, la coca sembrada en dichos territorios representa el 20% del área total cultivada en el país.
A lo largo del territorio peruano, el cultivo ilegal de la hoja de coca puede significar un peligro para la naturaleza y la sociedad. Ante esta situación, las autoridades toman medidas para controlar esta ilícita actividad que se ha ido expandiendo durante los últimos años.
De acuerdo a InSight Crime, en el 2022, Perú se convirtió en el segundo mayor cultivador de coca en el mundo. El informe detalló que 95 008 hectáreas de tierra están dedicadas a este cultivo.
Según la investigación, la hoja de coca incrementó su presencia en un 87% en 2022 en los territorios indígenas. En ese sentido, la coca sembrada en dichos territorios representa el 20% del área total cultivada en el país.
El impacto de la hoja de coca en el ambiente
Carlos Basombrío, Ricardo Valdés y Dante Vera, en el libro “Las Economías Criminales y su Impacto en el Perú”, indicaron que el cultivo de coca tiene un fuerte impacto negativo en el ambiente. Por un lado, genera deforestación, ya que la siembra de la hoja implica la destrucción de bosques. También provoca la degradación del suelo y la contaminación del agua debido al uso de agroquímicos.
En ese mismo sentido, Nicole Bernex, en su trabajo “El impacto del narcotráfico en el medio ambiente. Los cultivos ilícitos de coca. Un crimen contra los ecosistemas y la sociedad”, señaló que esta actividad disminuye recursos hídricos, además que genera el quiebre de las funciones de los ecosistemas.
Por su lado, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) publicó en el 2018 un informe donde señalaba que dos millones de hectáreas de bosque fueron deforestadas por el cultivo de coca en las últimas cinco décadas.
Cultivo en pueblos indígenas
Según un informe de Devida de este año, el cultivo de coca se expandió a comunidades indígenas y áreas protegidas. El documento señala que en el 2018 eran 7963 hectáreas de cultivo de coca. En el 2022, la cifra ascendió a 18 076, lo que significa un crecimiento del 127%.
Estos cultivos se encuentran en 18 pueblos indígenas, como Amahuaca, Asháninka, Aheninka, Yine, Awajún, Kakataibo, Quechuas, entre otros.
Esta situación pondría en riesgo a los pueblos indígenas, quienes reportan la presencia del narcotráfico en sus territorios. En junio del 2023, la comunidad nativa Kakataibo denunció amenazas de muerte por parte de esta actividad criminal. A través del Instituto del Bien Común, señalaron que se ven afectados por la contaminación y el despojo de tierras. Además, dijeron que existe una ausencia del Estado en sus territorios.
Según “Economías Criminales y su Impacto en el Perú”, Puno y Vraem son las principales zonas productoras de coca. En estos dos lugares se concentra más del 60% de cultivos de coca. Cabe señalar que en el Vraem la presencia de Sendero Luminoso es importante para esta actividad económica ilícita.
La posesión de los territorios ancestrales: Es un derecho.
Para Helen Figueroa, exdirectora de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Midagri, señala que pese a los diversos proyectos de titulación no se ha podido avanzar en la titulación de comunidades nativas y el problema principal es una decisión netamente política.
“Al 21 de setiembre del 2022 tenemos 2260 comunidades nativas reconocidas, 1580 comunidades nativas inscritas y 713 comunidades por reconocer. Ha pasado un año, hasta octubre del 2023, y aún existe una brecha de 700 comunidades por titular. Es decir, se ha avanzado muy poco y es Loreto la región con la mayor brecha de titulación”, señaló Figueroa.
Sin embargo, reconoció que no existe una política nacional de actualización catastral y que al gobierno regional responde a una meta presupuestal anual y no necesariamente por sincerar las áreas de terreno. “Lo miden por cuántos títulos nuevos está entregando y en dónde. Por ejemplo, tengo una población de 50 predios y tengo otra de 500 predios, pese a que la de 50 predios tiene 30 años solicitando la titulación opto por la de 500, aunque sea más reciente, por tratarse de un tema de metas”, puntualizó.
En tanto, el antropólogo e investigador Alberto Chirif aclaró que los pueblos indígenas existen, por lo que el rol del Estado no es reconocerlos, sino hacer prevalecer sus derechos, a través de títulos. Sin embargo, los procedimientos se han complejizado enormemente mediante normas absurdas que demuestran un gran desconocimiento de la realidad nacional.
“Ya no es un proceso de titulación, sino un proceso para no titular. La propiedad comunal está siendo erosionada en forma sistemática y silenciosa. Estamos en presencia de contrabandos legales a través de normas de rango inferior, que modifican lo que está en el convenio 169 e incluso la Constitución del Estado. Estas normas han sido insertadas de manera malévola en la legislación, por lo bajo”, destacó Chirif.
Agregó que se tiende a considerar a las comunidades como predios agrarios, restándole peso y dignidad al concepto de tierra ancestral. “Se le asigna los mismos derechos que a un colono, un empresario. Este es un campo donde se debe pelear los derechos de los pueblos, pues la posesión (en el caso de los territorios ancestrales) es un derecho”.
Para Pedro Castillo Castañeda, especialista del CEPES, quien destacó que no existe información oficial sobre estas comunidades, lo cual es equivalente a negar al sujeto del derecho colectivo, y que se suma a una política cero de reconocer derechos territoriales al sujeto colectivo.
“Esto es parte de una política del Estado que se resume en no tener política, es una falta de voluntad política. Esta es una situación clamorosa. El actual contexto global, de sequía y desastres naturales, llama a repensar el problema de la tierra, no como una mercancía. No solamente en Perú, sino en otros países, la tierra es un recurso natural, y hay que recuperarla como tal, reclamar ese recurso para los pueblos indígenas”, enfatizó Castillo. Fuentes: MIDAGRI – CEPES – DEVIDA – Ibcperu – Inforegión –InSight Crime.