Especialistas advierten que la rapidez administrativa nunca puede reemplazar la evaluación técnica cuando están en juego la vida, los ecosistemas y los derechos de toda la sociedad.

Mientras el Ejecutivo anuncia que solicitará al Congreso facultades legislativas, uno de los puntos que genera mayor preocupación entre especialistas en derecho ambiental es la posibilidad de extender el silencio administrativo positivo a los procedimientos de certificación ambiental. Lo que para algunos busca agilizar inversiones, para otros representa un serio riesgo para la institucionalidad ambiental construida durante las últimas décadas.

Para comprender las implicancias de esta propuesta, VOCES conversó con el Dr. Mariano Castro, especialista en gestión y derecho ambiental, uno de los principales referentes del derecho ambiental en el país. Su posición es categórica: la certificación ambiental no puede surgir del silencio del Estado.

Explica que una certificación ambiental no es un permiso administrativo cualquiera, sino un acto técnico complejo que establece obligaciones precisas para quien desarrollará un proyecto. Incluye medidas de prevención, planes de manejo ambiental, monitoreo, contingencias y líneas base que servirán para la supervisión y fiscalización. Todo ello exige una evaluación especializada de la autoridad competente.

«Si la autorización nace únicamente porque venció un plazo, surge una pregunta inevitable: ¿qué aprobó exactamente el Estado?», plantea el especialista. En la práctica, quedaría aprobado todo lo declarado por el titular del proyecto, sin que la autoridad haya verificado si las medidas propuestas protegen adecuadamente los ecosistemas y a las poblaciones involucradas. Así, el propio administrado terminaría definiendo las obligaciones ambientales que luego el Estado tendría que fiscalizar.

Castro recuerda que el silencio administrativo positivo fue concebido para proteger al ciudadano frente a la demora de la administración pública, en procedimientos que involucran únicamente al Estado y al administrado. Sin embargo, las certificaciones ambientales afectan también derechos de terceros: comunidades campesinas, pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas y las futuras generaciones. Trasladarles las consecuencias de la ineficiencia estatal implica disponer de derechos colectivos mediante una herramienta procesal.

El especialista advierte que el derecho ambiental se diferencia de otras ramas porque muchos daños son irreversibles. Un bosque deforestado no se recupera en pocos meses, un acuífero contaminado puede tardar décadas en restaurarse y una especie extinguida desaparece para siempre. Por ello, la prevención constituye uno de los principios esenciales de la política ambiental.

Desde la perspectiva constitucional, el análisis también resulta delicado. El Estado tiene el deber de proteger el ambiente y garantizar el derecho de las personas a vivir en un entorno saludable, mandato recogido en la Constitución y en diversos compromisos internacionales. Permitir que una certificación ambiental nazca automáticamente por la inacción de la administración vaciaría de contenido el proceso de evaluación ambiental y convertiría las observaciones técnicas en simples formalidades.

«Es constitucionalmente inadmisible que el Estado termine beneficiándose de su propia negligencia», sostiene Castro, al recordar que la demora administrativa nunca puede justificar el incumplimiento de obligaciones destinadas a proteger el patrimonio natural del país.

Otra preocupación es la participación ciudadana. La legislación peruana exige procedimientos de información pública y, cuando corresponde, consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT. Estos mecanismos permiten que las poblaciones potencialmente afectadas conozcan los proyectos y formulen observaciones antes de la decisión final.

En un país donde las capacidades del Estado aún son limitadas, el silencio administrativo positivo podría incentivar la inacción administrativa. Bastaría que un expediente no fuera resuelto dentro del plazo para que la autorización se otorgara automáticamente, sin una resolución motivada ni responsabilidades claramente identificables. Ello debilita la transparencia y abre espacios incompatibles con la integridad pública.

Para el experto, el verdadero desafío es fortalecer la institucionalidad ambiental y dotarla de mayores capacidades técnicas y presupuestales. Paradójicamente, las prioridades planteadas por el Gobierno – como enfrentar los impactos del Fenómeno El Niño, combatir la minería ilegal y modernizar la administración pública – requieren una autoridad ambiental más sólida y eficiente, no una debilitada.

En esa misma línea, observa que el componente ambiental del plan de gobierno de Fuerza Popular aparece subordinado a los objetivos económicos. Sin embargo, recuerda que no existe crecimiento sostenible sin instituciones ambientales fuertes. La competitividad moderna depende de reglas claras, seguridad jurídica y estándares ambientales que generen confianza tanto para los inversionistas responsables como para la ciudadanía.

La reflexión final del Dr. Mariano Castro apunta al fondo del debate: el ambiente no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición indispensable para que este sea sostenible. El bienestar de la población, la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud pública y la estabilidad de las inversiones dependen de políticas ambientales sólidas. El Perú necesita un Estado más eficiente, pero no a costa de debilitar los mecanismos que protegen el patrimonio natural y los derechos de las generaciones presentes y futuras. La celeridad administrativa puede ser una meta legítima; la protección ambiental no puede quedar librada al silencio.