Por: Lenin Quevedo Bardález
A continuación le presentamos un caso sumamente preocupante. Delincuentes narcotraficantes que, junto a sus abogados, estarían utilizando métodos mafiosos para torcer el brazo a la justicia. Desde otras regiones se pretende ordenar a nuestros jueces, la excarcelación de personajes vinculados con el tráfico ilícito de drogas, cosa que de hecho no ha sucedido.
Este caso es sumamente grave. Se trata de la captura de un cowboy conformado por tres camionetas el 16 de febrero de 2013, las mismas que transportaban al norte del país uno de los cargamentos más grandes capturados en la historia reciente de nuestra región: ciento sesenta y cinco kilos de cocaína.
La primera camioneta, denominada como la “liebre”, tenía como función observar si es que en el camino se encontraba realizándose algún operativo policial que podría condicionar el transporte de la droga. Este vehículo llevaba como pasajeros a Julio César Julca, César Calderón Ramírez y Basilio Córdova Jiménez.
En medio se encontraba el vehículo, denominado como “cofre”, en el que iba la droga en 158 paquetes, los mismos que iban en compartimientos acondicionados en los asientos posteriores y en la parte inferior de la tolva. Allí iba solamente el conductor, Normando Alberto Marchena Córdova, quien así se transportaba con la intención clara de no involucrar a nadie más en los hechos.
En la parte posterior se encontraba la camioneta de “contención o de retaguardia”, en la que se encontraban Telésforo Ortiz Avendaño y los hermanos Hilde Palacios Córdova e Isidro Córdova Córdova, los dos últimos, hermanos con el conductor del “cofre”, Marchena Córdova.
A pesar que la “liebre” fue capturada al día siguiente en Moyobamba, pudo establecerse una relación entre los tres vehículos, a través de los celulares utilizados por los presuntos narcotraficantes y otros hechos, como que por ejemplo en la camioneta de “retaguardia”, se encontró envases de spray negro, utilizado en el acondicionamiento de las estructuras que sirvieron para esconder la droga, además de la familiaridad de los involucrados, esto a pesar que Marchena Córdova, quien admitió que los dos de la “retaguardia” eran sus hermanos, dijo no conocerlos y haberlos visto por primera vez en el día de la detención. Una casualidad digna de Hollywood.
El Ministerio Público exigió la detención preventiva de los involucrados en estos hechos hasta que se determine responsabilidades, la misma que durará hasta el mes de noviembre de este año. Pues bien, a partir de ese instante, conocidos abogados de la región San Martín, intentaron el cese de la carcelería de los detenidos, no obstante, aquí también jugó un papel trascendental la labor de los vocales de la Sala Penal de Apelaciones de San Martín, conformada por Pinto Alcarraz, García Molina y Pérez Escalante que decidieron mantener en cárcel a los presuntos miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
No obstante, para los jueces involucrados, la sorpresa llegó hasta sus manos en forma de una resolución de un proceso de habeas corpus, exigiendo la inmediata libertad de tres de los detenidos Isidro Córdova Córdova, Telésforo Ortiz Avendaño y Hilde Palacios Córdova, los tres que iban en la camioneta de retaguardia. Los abogados a cargo de este proceso eran Jorge Enrique Villarreal Pinillos y Luis Gonzaga Salazar.
Dicha resolución había sido emitida por un juez de la Corte Superior de Justicia de Piura, en este caso por Miguel Burneo Carrasco, supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, el 17 de mayo de 2013. Otra vez, los jueces del norte del país, de las regiones que son el tránsito para la exportación de la cocaína a través de Ecuador. Funda Burneo Carrasco su resolución de habeas corpus, en que se habría vulnerado los derechos básicos de los beneficiarios, ya que no contaron con abogado, llegando a decir que los efectivos policiales habrían cometido el secuestro de los indicados personajes. Otro juez, Carlos Eduardo Lozada Oyola, insiste en esta solicitud.
Sin embargo, según fuentes de este diario, la insistencia de este tipo de resoluciones que a todas luces pretendería salvar de procesos judiciales a evidentes narcotraficantes, hizo que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Tumbes, investigue estos actos.
Así es que se determinó una investigación en contra de Miguel Ricardo Burneo Carrasco, quien de acuerdo a la investigación, actuó en un proceso estando impedido legalmente de hacerlo, uno por no ser su jurisdicción y dos por no haberse agotado las instancias, razón por la que un habeas corpus no era procedente. Agregan que hay evidencias que hacen pensar en un interés excesivo por favorecer a los tres detenidos en el penal tarapotino.
De hecho se pidió a la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura que se sirva a dictar la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial de Burneo Carrasco, además de pedirse una investigación para el juez y el abogado Jorge Enrique Villarreal.