pastillas para no dormir
Alonso Ocampo
columnista
Por la década del 80 muchos vimos una película cómica llamada “Y dónde está el piloto”; en San Martín, hay una película cuyo género es una mezcla de terror y drama, está en cartelera hace varios años y viene pasando desapercibida para algunos, pero no para otros.
Abogados y litigantes saben de la precariedad que padece el Poder Judicial, no solo institucional sino de infraestructura, locales inadecuados y hacinados no sorprenden a nadie, pero lo que habría ocurrido en San Martín sería, por decir lo menos, escandaloso.
Muchos coincidíamos en que había la necesidad impostergable de construir el tercer piso de la Sede de la Corte Superior de Justicia en San Martín más aún cuando ya se hablaba de su pronta ejecución en tanto se sabía que el expediente técnico estaba aprobado.
Fue una resolución de la OCMA de 16 de agosto de 2012 donde se detalla con extrañeza que “el proyecto de ampliación de la Sede de la CSJSM (3er Piso), a pesar de que el expediente técnico se encuentra aprobado desde el 2010, aún no se ha convocado a concurso correspondiente de la obra, por lo que se “recomienda” realizar las coordinaciones con la Gerencia General del Poder Judicial a fin de que el proyecto de ampliación de Sede de la CSJSM sea convocada al concurso correspondiente para la ejecución de la obra” (sic),
En enero de 2013 desde esta columna de opinión pedí al Presidente de Corte Superior de Justicia de San Martín Walter Angeles Bachet que de una vez por todas gestione la concreción de esta importante obra en beneficio del personal que labora allí, de los justiciables y de sus abogados. El Presidente de Corte no se pronunció al respecto, así que habiendo transcurrido 1 año y 5 meses desde la recomendación de OCMA, uno podía sospechar que la no ejecución de la obra se debía a incapacidad de gestión o sencillamente dejadez y despreocupación.
La existencia de un documento oficial del Poder Judicial me dio algunas luces respecto del tema, el “Programa Multianual de Inversión Pública del Poder Judicial 2012-2014” hace referencia a la obra “Ampliación de la Infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín con Código SNIP 36438, costo de inversión S/. 3.052.576.00, una ejecución acumulada al 2010 por S/. 3.052.576.00. Se ha programado asignar recursos financieros con el Presupuesto de Inversiones del 2012 por S/. 169.408.00 para implementación” (sic).
El expediente técnico incluía la construcción del tercer piso de la Corte Superior de Justicia de San Martín, pero todos sabemos que no existe ni un solo ladrillo que así lo indique, adicionalmente no se sabe si el monto que supera los 169 mil soles destinados al equipamiento llegó a su destino como lo indica el propio documento del Poder Judicial. Según información obtenida del Ministerio de Economía y Finanzas el devengado acumulado de la obra alcanza los 2,883,167.9, ello no obstante que el documento oficial del Poder Judicial indica textualmente que la ejecución acumulada al 2010 es igual al costo de inversión.
En apariencia no se habría brindado la información precisa a los funcionarios de OCMA ya que en su recomendación señalan la urgencia de “convocar” a concurso la ampliación de la infraestructura de la Corte, sin embargo esta ya se había iniciado años antes, pudiendo notarse incluso que el último devengado es de diciembre de 2010.
Urge de una respuesta detallada y convincente por parte del Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Walter Angeles Bachet, es indispensable que nos explique qué es lo que ha pasado, cuánto es el saldo presupuestal (si existe), si es que ya se liquidó o se recepcionó la obra, por qué no se ejecutó el 3er Piso de su Sede Institucional tal como lo indica el expediente técnico; de otro lado deberá confirmar o descartar si el monto del equipamiento fue desembolsado.
Si bien es cierto estos hechos no ocurrieron durante su gestión, el actual Presidente de la Corte tiene la obligación moral y funcional de dar las explicaciones y aclaraciones correspondientes, más aún cuando además simultáneamente preside la Comisión Anticorrupción de San Martín. Es hora además que la sociedad civil sanmartinense tome especial atención a este tema.