Ayer por la mañana, trabajadores de la empresa Megaluz, junto con pobladores de diversas asociaciones de vivienda del distrito de La Banda de Shilcayo, se congregaron en los exteriores de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para exigir que se permita a la compañía seguir operando. Los manifestantes advirtieron que el cierre de la empresa dejaría a muchas familias sin empleo.
Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la protesta fueron las declaraciones de Silvia Ramírez Sánchez, abogada de Megaluz, quien denunció públicamente que la sanción impuesta a la fábrica de postes fue basada en una normativa de Francia, pese a que en el Perú no existe un marco legal equivalente para este tipo de casos.
Ramírez Sánchez explicó que, durante la reunión sostenida con los funcionarios de la OEFA, no se les dio una respuesta clara sobre por qué se utilizó una norma extranjera para sancionarlos. Este hecho generó indignación entre los representantes de la empresa, quienes consideran la medida arbitraria e injusta.
Ante esta situación, Megaluz anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para exigir un nuevo análisis del caso. Según los representantes de la compañía, en el informe emitido no se presentan diagnósticos médicos que confirmen afectaciones a la salud de las personas presuntamente perjudicadas por la actividad industrial.
Se intentó obtener una declaración oficial de la OEFA al finalizar la reunión, pero los funcionarios no respondieron a las consultas sobre el uso de la normativa francesa, dejando sin aclarar los fundamentos legales de la sanción.
Los trabajadores y pobladores afectados señalaron que continuarán movilizándose hasta obtener una solución que permita a Megaluz retomar sus operaciones y garantizar sus empleos para el sustento diario de sus familias. Por Hugo Anteparra