Cada nueva área invadida por la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la deforestación representa una pérdida para la biodiversidad, las fuentes de agua y la calidad de vida de las comunidades indígenas que dependen de estos ecosistemas.
Durante tres días de monitoreo aéreo sobre las regiones de Ucayali, Huánuco y Loreto, representantes del Ministerio Público, entidades del Estado, especialistas ambientales, dirigentes indígenas y periodistas constataron que las economías ilegales continúan expandiéndose hacia nuevas zonas de la Amazonía peruana, consolidando un escenario de creciente presión sobre los bosques, los ríos y los territorios de las comunidades nativas. La jornada de vigilancia reunió a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y especialistas de FCDS Perú, quienes verificaron desde el aire la presencia de minería ilegal, cultivos ilícitos, deforestación, pozas de maceración, pistas de aterrizaje clandestinas y otras infraestructuras vinculadas a actividades ilícitas que avanzan sobre territorios amazónicos cada vez más vulnerables.
El primer sobrevuelo se realizó sobre el río Aguaytía y el sector de Curimaná, donde fueron identificadas dragas operando en plena extracción ilegal de oro dentro del cauce del río. El fiscal provincial de la Primera FEMA de Ucayali, Eduardo Nina, explicó que estas estructuras representan un grave riesgo debido a la alteración del ecosistema acuático, la afectación de la calidad del agua y el empleo de insumos químicos contaminantes, recordando que este tipo de actividad se encuentra absolutamente prohibida por su elevado impacto ambiental. El magistrado precisó, además, que la minería ilegal ya no se concentra únicamente en los lugares tradicionalmente conocidos, sino que viene desplazándose hacia nuevos sectores, información que permitió coordinar con la Marina de Guerra del Perú un operativo de interdicción para intervenir las estructuras detectadas. En esa misma línea, el coordinador nacional de la fiscalía ambiental, Frank Almanza, destacó que los sobrevuelos proporcionaron información precisa para ubicar las actividades ilegales y planificar intervenciones más eficaces, resaltando que la coordinación interinstitucional demuestra que una adecuada planificación fortalece la capacidad de respuesta del Estado.
La segunda jornada comprendió la cuenca del río Pisqui, Contamana y sectores próximos al Parque Nacional Sierra del Divisor, donde también se observaron señales preocupantes sobre el avance de las actividades ilícitas. El especialista en gestión territorial amazónica de FCDS Perú, Martín Arana, indicó que la información recopilada confirma un incremento sostenido de la minería ilegal y de los cultivos ilícitos respecto de años anteriores, evidenciando cómo estas economías ilegales continúan extendiéndose sobre territorios amazónicos de alta fragilidad ecológica y social.
El tercer recorrido se desarrolló sobre el eje de la carretera UC-105, que conecta Nueva Italia con Puerto Breu, donde los equipos identificaron extensas áreas de cultivo de coca, pozas de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas, componentes que reflejan una estructura logística cada vez más compleja.
La directora ejecutiva de FCDS Perú, Andrea Buitrago, explicó que en sectores como Abujao existe una preocupante cercanía entre la minería ilegal, los cultivos ilícitos y las infraestructuras utilizadas para facilitar su operación, advirtiendo que la apertura de caminos forestales y el uso de carreteras destinadas originalmente al transporte de productos legales también pueden convertirse en corredores que favorecen la movilidad y expansión de estas actividades ilegales.
La perspectiva de las comunidades indígenas estuvo representada por el presidente de ORAU, Jamer López, quien señaló que durante los sobrevuelos fue posible observar chacras de coca, minería ilegal, caminos forestales y aeropuertos clandestinos, confirmando una mayor presencia de estas actividades en distintos sectores de la Amazonía. El dirigente advirtió que los impactos trascienden la pérdida de bosques, pues la contaminación de los ríos, la deforestación, el deterioro del ecosistema y las afectaciones a la salud y calidad de vida de las comunidades indígenas constituyen consecuencias cada vez más visibles para quienes habitan estos territorios.
Las instituciones participantes coincidieron en que los resultados obtenidos durante los tres días de monitoreo aéreo constituyen un insumo estratégico para fortalecer las acciones de control, fiscalización e interdicción frente al avance de las economías ilegales en la Amazonía peruana. Asimismo, remarcaron que la vigilancia permanente, la coordinación entre las entidades del Estado, la participación de las organizaciones indígenas y el uso de información técnica actualizada serán determinantes para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país frente a amenazas que continúan desplazándose y adaptándose en busca de nuevos espacios para operar.
