El sueño roto de la casa propia:
Un letrero, que se sostiene con palos a punto de romperse, que va lentamente despintándose, en su momento simbolizó la esperanza de muchas familias, representaba el sueño de tener una casa propia. La urbanización JULAO, ubicada en el sector de Lamas, prometía ser el hogar de aquellos que aspiraban a una vivienda digna. Sin embargo, al igual que el color del letrero que se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo, las ilusiones de estas familias también se desvanecieron. A casi cinco años de espera, no han recibido ni una sola de las viviendas que la empresa Del Contratista SAC les prometió.
En nuestra visita por la zona, Maricarmen Vásquez Hoy, junto a Miguel Soria Ruíz, Tomás Sánchez Florindes y otros, han decidido alzar su voz y hacer pública su denuncia contra Fernando del Castillo Tang, exalcalde de la provincia de Lamas y representante de Del Contratista SAC. Lo acusan de incumplir con la entrega de las viviendas y de apropiarse del dinero de quienes debían ser los beneficiarios de este proyecto. La frustración y el engaño que han vivido reflejan una alarmante falta de cumplimiento, que ha dejado a muchas personas sin el hogar que tanto esperaban.
“Nos dijeron sería una de las mejores urbanizaciones, nos pidió entre 3 mil a 8 mil soles, era una oferta tentadora porque con esa cantidad de dinero quién no quisiera una casita, pero eso fue en el año 2019, y hasta la fecha no hemos recibido ni una sola casa”, dijeron los quejosos.
El caso de la urbanización JULAO y la denuncia contra Fernando del Castillo evidencian una problemática recurrente en muchos proyectos inmobiliarios en Perú: el incumplimiento de promesas a familias que sueñan con una vivienda digna.
Estos casos no sólo afectan el patrimonio de los compradores, sino también su confianza en las autoridades y en las empresas que gestionan dichos proyectos. Lo más preocupante es que, mientras el letrero se deteriora, el sueño de tener una casa propia, una de las aspiraciones más básicas de las personas, se convierte en una pesadilla de frustración y engaño.
La falta de supervisión efectiva y las deficiencias en la regulación permiten que situaciones como esta se repitan, dejando a las familias desprotegidas. En este caso, no solo existe una clara irresponsabilidad empresarial, sino también un manejo cuestionable por parte de un exfuncionario público, lo que agrava aún más la percepción de corrupción y abuso de poder.
Las familias no solo han perdido su dinero, sino también la tranquilidad y la seguridad de un futuro mejor. Es urgente que estas denuncias no queden en el olvido y que se tomen acciones concretas para hacer justicia y prevenir que más personas caigan en estas trampas.
La participación de un exalcalde en este tipo de situaciones pone en tela de juicio la ética de quienes ocupan cargos públicos. Estas personas deberían velar por el bienestar de la ciudadanía, en lugar de aprovecharse de su posición para beneficio propio. Por ello, acudimos al edificio en Tarapoto donde supuestamente funciona la oficina de la empresa Del Contratista SAC. Nadie nos atendió. Llamamos insistentemente a Fernando Del Castillo, pero nunca respondió nuestras llamadas.
Para Miguel Soria Ruiz, otro afectado, la urbanización JULAO fue presentada como un proyecto financiado con fondos del Estado, lo que significa que quienes se inscribieron y pagaron entre 5,000 y 8,000 soles lo hicieron con la esperanza de convertirse en beneficiarios de un programa gubernamental de vivienda. Según informes, por cada beneficiario, el Gobierno habría desembolsado aproximadamente 40,000 soles, lo que añade una capa de gravedad al caso.
Este caso sugiere no sólo un incumplimiento contractual por parte de la empresa, sino también un posible mal manejo de fondos públicos, lo que podría derivar en mayores implicancias legales.
La situación subraya la urgente necesidad de reformar y fortalecer los mecanismos de regulación del sector inmobiliario en Perú, así como de establecer sanciones más severas contra las empresas que incumplen sus obligaciones. Además, es crucial garantizar un mayor control y fiscalización sobre proyectos que involucren tanto recursos públicos como los sueños de tantas familias. Sin estas medidas, seguirán proliferando casos como el de JULAO, donde las familias se quedan sin hogar y sin justicia. (César Gonzaga)