El expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros dos investigados deberán pasar 10 días detenidos preliminarmente. El exministro y expresidente del Consejo de Ministros es investigado por el presunto delito de lavado de activos en los casos de la Carretera Interoceánica Sur – Tramos 2 y 3 y del proyecto de irrigación Olmos. Ambos estuvieron a cargo de la constructora brasileña Odebrecht.
La investigación preliminar contra PPK inició en octubre de 2017 por el Equipo Especial Lava Jato, luego de conocerse que empresas vinculadas a él, Westfield Capital y First Capital, prestaron asesorías financieras a Odebrecht, entre el 2004 y el 2007. Por este caso, Kuczynski tenía una orden de impedimento de salida del país con un plazo de 18 meses.
La resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia especializada en delito de crimen organizado y de Corrupción de Funcionarios, a cargo del juez José Luis Chávez Tamariz, quien fundamenta su orden de detención contra PPK, su exsecretaria Gloria Jesús Kisic Wagner y su chófer, José Luis Bernaolda Ñufflo.
El juez Chávez Tamariz “considera que existen elementos de convicción que permiten afirmar que el investigado Kuczynski Godard habría cometido el delito de lavado de activos”.
Las claves de la resolución
Según la Fiscalía, Pedro Pablo Kuczynski “habría tenido injerencia en los proyectos” de la Interoceánica Sur: Tramos 2 y 3 y de Olmos. Asimismo, se indica que en su condición de ministro de Estado (2001-2002/2004-2005) “habría tenido intervención directa materializando el acuerdo corruptor sostenido” entre Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht y el expresidente Alejandro Toledo.
De acuerdo con la investigación del fiscal José Domingo Pérez, su objetivo fue que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de construcción y mantenimiento del proyecto de la IIRSA, “introduciendo conceptos técnico-económicos” en la relación contractual, con la finalidad que luego la empresa Odebrecht “pueda favorecer económicamente a los intereses privados del imputado, mediante la contratación de sus asesorías privadas”.
En el caso del proyecto de irrigación Olmos, Fiscalía sostiene que la empresa Westfield Capital [de propiedad del expresidente], el Banco de Crédito y Odebrecht suscribieron un contrato de “asesoría financiera” en el 2004. Para los fiscales llama la atención que, “a pesar de no haberse adjudicado aún el contrato de concesión de Olmos, Odebrecht ya había contratado a la empresa de Pedro Pablo Kuczynski para que lo asesorara”.
De acuerdo con la tesis fiscal, PPK cometió actos de lavado, “en la modalidad de conversión” al adquirir su casa en la calle Choquehuanca, en San Isidro, con el dinero que recibió Westfield Capital de parte Odebrecht .
Para el juez Chávez Tamariz, “los hechos atribuidos a Pedro Pablo Kuczynski” tienen el agravante de “pertenecer a una organización criminal y en que, en su condición de funcionario público, otorgó normas adecuadas en la materialización de acuerdo corruptor”.
Asimismo, el magistrado toma como “razón plausible” que PPK utilizó Westfield Capital durante el 2007 para “recibir transferencias de las concesionarias IIRSA Sur, y una vez recibido, en actos de trasferencias, las mismas fueron depositadas a su cuenta corriente personal”.