Derogar leyes que promueven detenciones sin juicio
Algunos creen que cambiando el sentido de las declaraciones de Jorge Barata en Brasil —que no incriminan al ex presidente Alan García— se difuminará la polarización que ha desatado el suicidio del líder aprista. No hay manera, no se debe confundir los deseos con la realidad. Es extremadamente peligroso. La política peruana se asemeja a un volcán a punto de erupcionar.
Lo sorprendente de todo es que los más interesados en promover la polarización sean algunos medios tradicionales, hoy convertidos abiertamente en actores políticos. La cosa es terrible: un jefe de Estado, elegidos dos veces en comicios democráticos, se ha suicidado porque no aceptó ser detenido, enmarrocado y mostrado con chaleco de recluso, como consecuencia de una orden del sistema de justicia en la que los fiscales Lava Jato ni siquiera habían presentado acusación. La trágica decisión de García, en el acto, nos recordó que Keiko Fujimori, la dirigencia de Fuerza Popular y el ex presidente Kuczynski, igualmente, están detenidos sin acusación fiscal ni juicio, pese a las sentencias de la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
En este contexto, ¿qué espera el Congreso de la República para derogar todas las leyes que la izquierda promovió para detener a los opositores políticos sin acusación fiscal ni juicio? ¿Qué se espera para desmontar la normatividad que ha posibilitado criminalizar la política mediante interpretaciones extensivas y arbitrarias de las leyes sobre lavado de activos y crimen organizado? El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene una responsabilidad de primer orden en la movilización de todas las bancadas en función de estos objetivos. Es lo mínimo que se puede hacer para honrar la memoria y trayectoria del ex presidente García.
De otro lado, el Congreso de la República debería remediar de alguna manera lo que el encono y los enfrentamientos han causado. Nos referimos a la imposibilidad de que el Estado rindiera honores de jefe de Estado al ex presidente García, no obstante que era el peruano que, en los últimos 40 años, más derecho tenía a esos reconocimientos. En dos ocasiones Alan García fue elegido democráticamente, convocó a elecciones y entregó el poder. ¿Cómo es posible entonces que no recibiera honores de jefe de Estado? La virtual guerra civil política que se vive en el Perú motivó a la familia y al partido de García a rechazar el ofrecimiento del Estado mientras Martín Vizcarra encabezara el Ejecutivo. El Congreso, pues, tiene el deber de reparar esta situación.
Finalmente, el Congreso debe conformar una Comisión Investigadora que emita un informe sobre la detención y la muerte del ex presidente. Si bien el suicidio es una decisión personal, este trágico acontecimiento se produjo cuando los fiscales Lava Jato y las ONG marxistas (encabezadas por IDL-Reporteros) promovían abiertamente las detenciones sin acusación fiscal ni juicio, en medio de linchamientos mediáticos que ya forman parte de la historia nacional de la infamia.
Derogar las leyes que han creado este especie de salvajismo judicial no es suficiente. Es absolutamente necesario que la sociedad siga los debates en el Congreso alrededor de este terrible acontecimiento. Los fiscales Lava Jato y las autoridades del Estado deben participar de estas investigaciones para que el Legislativo emita un informe sobre el suicidio del ex jefe de Estado.
A nuestro entender, esa es la única manera de evitar que el volcán de la política peruana llegue a erupcionar y siga causando más tragedias. Es hora de que todos demos un paso atrás, pero intentando llegar a la verdad. El Congreso y el Estado no pueden permitir que la izquierda comunista siga escribiendo los relatos que han envilecido nuestra experiencia democrática.