La Contraloría General de la República evidenció que 17 ex funcionarios y ex servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL de Datem del Marañón, aprobaron pagos a su favor y de terceros por conceptos que no correspondían, ocasionando un perjuicio económico a dicha entidad por S/ 4´780,932.00.
El equipo auditor evidenció que durante el período agosto de 2015 a abril de 2017, los ex funcionarios y ex servidores, autorizaron, aprobaron y ejecutaron pagos que no correspondían por el concepto de descuentos judiciales, racionamiento, bonificación personal y otros, lo que se encuentra al margen de la normativa vigente.
De esta manera efectuaron transferencias a cuentas bancarias propias y de terceros, afectando la legalidad y probidad con las que se debe actuar en la gestión pública; lo que ocasionó perjuicio a la fuente de financiamiento destinado a la remuneración del personal nombrado y contratado, así como el abono de los beneficios sociales y descuentos judiciales debidamente autorizados y sustentados para el personal docente y administrativo.
Los hechos descritos se encuentran detallados en el Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 712-2019-CG/GRSM-AC, elaborado por la Gerencia Regional de Control San Martin, que se encuentra publicado en www.contraloria.gob.pe (Sección Transparencia e Informes de Control) conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.
El informe fue remitido al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para el inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales, respectivamente, a los 17 ex funcionarios involucrados en el caso.
El informe recomienda al titular de la UGEL Datem del Marañón, disponer que en coordinación con las unidades orgánicas competentes se establezcan y mejoren los controles internos orientados al estricto cumplimiento de lo dispuesto en las normas presupuestales, de tesorería y de contabilidad a efectos de garantizar la transparencia y legalidad en los pagos de las remuneraciones y otros derechos que corresponden ser abonados al personal docente y administrativo de la entidad.
Asimismo, que dispongan la implementación de una Política de Seguridad de la Información para los Sistemas involucrados en el proceso de pago de los sueldos, remuneraciones y otros derechos del personal docente y administrativo de la entidad.