En la presente entrega, el Doctor Vargas nos hace un balance de su gestión.
“Según el mapa del delito en Tocache se da la mayor incidencia de infracciones”.
“En violencia de género, la mayor incidencia está en Yurimaguas, Tarapoto, Nueva Cajamarca”.
“En la cuarentena tuvimos que poner a trabajar a nuestros ingenieros, como unidad ejecutora tenemos ingenieros informáticos, programadores, contadores, empezamos a mover, creando plataformas tecnológicas tanto es así que hoy en día la gente ya no se acerca a los juzgados, simplemente, por medio de internet presenta sus demandas”.
“En mi gestión se marcó la cultura del ahorro y la percepción directa de salvar la situación y tomar decisiones a partir de eso”.
“En prevención, sí creo que corresponde hacer una política de estado vinculado a la educación, tenemos un curso de educación cívica, pero no dan la importancia, porque las personas siempre quieren salir con la criollada”.
El balance de su de las acciones en este periodo muy particular
Complicado por la pandemia y en paralelo la propia función, en el 2019 empezamos la gestión con una visión distinta; por ejemplo, la primera semana de enero visite los juzgados de La Banda de Shilcayo y de Soritor, me encuentro en la calle con un secretario y un asistente que llevaban una carga de expedientes, les dije que eso está prohibido; vamos a la vuelta a sacar fotocopias respondieron, efectivamente verifiqué que sacamos fotocopias en la calle, una situación complicada a ver si se pierde expediente judicial, entonces pedí que me calculen cuánto gastamos anualmente en sacar fotocopias en la Banda de Shilcayo y en Soritor, sumado los dos salían más de s/.10,000 soles al año. Compramos fotocopiadoras, multifuncionales, actualmente ningún órgano provisional saca fotocopias en la calle, las pequeñas cosas suman, de ahí empezamos con los scanners, el aire acondicionado, con los equipos de cómputo, con cosas mucho más grandes son pequeños detalles que cuentan.
Teníamos un archivo modular conocido como “cuerpo del delito”, por ejemplo asaltaban un motocar, el fiscal lo pasaba al poder judicial, nosotros teníamos que guardar, tenemos cantidad de motos, carros, computadoras “como un cementerio y cosas nuevas” ; la ley señala que el juez en ese caso puede adjudicarlo a una institución que lo solicite como: televisores, equipos de cómputo, teníamos cerca de 27 motos que entraron nuevas, tenemos como 30 motocars, autos y pagamos S/6,500 por guardar las “chatarra y desperdicios” oxidados, los códigos o series que habían desaparecido, no se sabía ni adonde ni a quien pertenecía. Entonces empezamos a adjudicar y nos deshicimos de todo.
¿Cuál es la respuesta de los litigantes en la “nueva etapa de convivencia”?
Había ciertos inconvenientes, porque la tecnología no es entendida por todos, entonces hicimos cursos de capacitación virtual, hemos insistido en un plan de capacitación personalizada, felizmente la gran mayoría de los trabajadores son jóvenes y dominan la tecnología.
¿Cómo van con la carga procesal a nivel de San Martín?
Justamente es la bandera de nosotros, a nivel nacional fuimos a la cabeza en el incremento de la producción en un 20% (…) creamos una comisión de monitoreo de productividad, en muchas sedes, centralizamos la información con los ingenieros y empezamos a monitorear a los juzgados, el consejo ejecutivo establece el estándar de producción que debe tener cada juzgado, si no se cumplía innatamente encendíamos la luz de peligro, la luz roja y llamado al juez para saber que está pasando, nos pusimos muy firmes en ese sentido y felizmente los jueces entendieron. A una diligencia el juez llegaba en motocar, mientras que los acusados llegaban en una 4 × 4 en sus autos.
¿En comparación con Loreto o Ucayali, procesalmente como vamos en San Martín?
Esas ciudades tienen más población que San Martín, nosotros tenemos menos población y la carga es similar, pero nosotros producimos más.
¿Cuál es el mapa del delito en San Martín?
Fíjese que en la mayor incidencia de delitos se da en Tocache, ahora hay un nuevo delito que es la violencia de género y la mayor incidencia están en Yurimaguas, Tarapoto, Nueva Cajamarca.
¿Que estamos haciendo para prevenir, para crear y formar una cultura de prevención del delito?
El estado es una organización jurídica entonces el estado tiene la necesidad de preservar el órgano interno y tiene instrumentos de control social puede controlar lo de diversas formas (…) el estado regula a la sociedad, pero el estado como usted mismo señala llega al final, ataca a las consecuencias, pero no ataca a las causas. La prevención en general dice, mira si tú violas, matas vas a terminar igual como este señor que la prensa está sacando, te van a dar 30 años de cárcel, te van a dar cadena perpetua como prevención general y la prevención especial, esa persona que comete el delito retirarlo de la sociedad y aislarlo en un ambiente especial.
¿Como estamos en el narcotráfico, terrorismo?
Los delitos de terrorismo y narcotráfico han bajado tremendamente, es muy poco existe, no como en los años 80 ó 90. Felizmente aquí terrorismo es muy poco, yo he trabajado en Juanjuí y vimos uno que otro caso muy poco estamos hablando del año 2009 han pasado 11 años y terrorismo y narcotráfico hay poco.
En San Martín, tenemos comunidades nativas, ¿cómo va el tema de la administración del derecho consuetudinario, la aplicación de justicia por las rondas?
Cuando estaba el doctor Duberlí Rodríguez se impulsó este tema. Con las rondas tuvimos la oportunidad de hacer varios eventos en San Martín y uno muy grande fue la que hicimos precisamente el 6 de septiembre de 2019 en la Universidad San Martín donde vinieron casi toda la Corte Superior, el presidente del Poder Judicial y tuvimos un evento medio ambiental y la oportunidad de trabajar con los ronderos donde se tocó ese tema, la pandemia le restó velocidad a todo esto.
La constitución reconoce a las comunidades nativas como una vida paralela qué convive con la justicia ordinaria,(…) entonces es una justicia comunal que tiene que aplicarse porque hay conocimiento en la comunidad y cree más en su vecino y confía, con la justicia provisional que manejamos es complicada porque tiene normas leyes y ellos no manejan eso, se han dado muchas distorsiones pero en tanto se respete los derechos fundamentales y las comunidades actúen dentro del marco de la actuación que la ley los reconoce, ayuda bastante, es la primera etapa que nos beneficia y eso resuelve rápido y sin ninguna complicación, con nosotros la justicia profesional es más complicada, en cambio ellos vienen a las partes, hacen un planteamiento y solución y se arregló el problema, ahí termina todo.
Como va el caso de Bajo Naranjillo
Complicado, no existe solución definitiva (…) pero al menos todo está tranquilo por ahora.