“El caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda, entonces”.
Es lo que le dijo el congresista Héctor Valer Pinto a su colega José Ventura, cuando este defendió a la parlamentaria Vivian Olivos, quien también fue agredida por el ahora Jefe del Gabinete Ministerial.
Además, Valer Pinto agravió a su colega José Cueto al vincularlo con Vladimiro Montesinos y Óscar López Meneses.
Por estos dos casos, el pasado 11 de enero, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso confirmó la sanción de amonestación pública y 15 días multa contra el congresista Valer Pinto.
Valer Pinto fue separado del partido ultraconservador Renovación Popular (RP) por Rafael López Aliaga. En ese entonces, en una entrevista a Perú21, Valer Pinto contó que es miembro del Opus Dei, organización sectaria y ultraconservadora de la Iglesia Católica.
«No soy de hacer leña del árbol caído. Creo que Rafael López Aliaga ha perdido el santísimo rosario del Opus Dei. Él tiene que volver al recinto de contemplación para que pueda dejar de lado el autoritarismo, para dejar de creer que el partido es suyo y aprender que un partido tiene que ser democrático y respetar las normas de un Estado de derecho, etc. Mi querido hermano mayor, porque también soy del Opus, tiene que volver a encontrar el santísimo», dijo Valer Pinto.
Esta pertenencia a una organización ultraconservadora tiene sentido con la votación de Valer Pinto a favor del proyecto de ley que pretende que los contenidos de los materiales y textos escolares sean aprobados por los padres y madres de familia, a pesar de que estos ya fueron consultados en un proceso participativo liderado por el Ministerio de Educación (Minedu). Lo que se pretende, con este proyecto, es sabotear la educación con enfoque de equidad de género, considerado como fundamental en la prevención de la violencia machista y homofóbica que mata.
En temas ambientales, Valer Pintovotó en contra de que entre a la agenda del Pleno del Congreso el tema de la ratificación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), necesario para proteger a los defensores y defensoras ambientales.