Propiedades se encuentran en Lima y en la región San Martín. Caso es del 2011 pero funcionarios volvieron a ser citados…

Por: Lenin Quevedo Bardález

La congresista Esther Saavedra, pidió a los periodistas del diario Voces, información acerca de los casos de corrupción que han sido denunciados para entregarla a la Contraloría General de la República.

La congresista, en comunicación telefónica con el director de este diario, exigió la entrega de información para entregarla al Contraloría General de la República, refiriendo asimismo que a sus manos han llegado muchas denuncias de irregularidades que se han presentado en esa casa de estudios.

Entre las denuncias existentes y que ya se encuentran en nuestras manos, están por ejemplo, las investigaciones que se sigue a un gran número de funcionarios por el delito de lavado de activos.

De acuerdo a esta información, muchos de los familiares cercanos a funcionarios de la Universidad Nacional de San Martín, habrían comprado propiedades, las mismas que podrían esconder un lavado de activos.

Se habla de condominios, muchos automóviles, de los mismos que deberá probarse de dónde se sacó el dinero para comprarlos.

En la región Lima, por ejemplo, son 15 los inmuebles investigados, mientras que en la región San Martín se habla de 22. En la investigación que se lleva adelante, destacan los apellidos Quinteros, Sánchez, Ríos, entre otros.

Esta investigación se encuentra en manos de la Dirección Contra La Corrupción de la Policía Nacional del Perú, a través de su División de Investigaciones Especiales.

Según el documento que se encuentra en nuestras manos, esta investigación se ha iniciado en el año 2011, se ha vuelto a llamar a declarar a los involucrados hace algunos meses, no obstante hasta el momento no obtiene resultados por parte de los investigadores, como en muchos otros casos referidos a la casa de estudios.

Por ejemplo, hasta el momento se encuentra en la fiscalía anticorrupción, la investigación acerca de las compras realizadas por el comedor universitario, en donde, según la Contraloría General de la República, ha existido fraccionamiento para las compras, además de obviarse la realización de concursos. Los del sindicato achacan esta responsabilidad a las últimas contrataciones de docentes, entre los que se encuentran conocidos jueces.