No existen avances en la unificación o articulación del sistema.
El acceso efectivo a salud es el principal problema en la población asegurada.
La Defensoría del Pueblo recordó la importancia de priorizar la reforma del sector salud para contar con un sistema sanitario sólido y de calidad que atienda todas las necesidades de salud de la población en general y que garantice su derecho fundamental, luego de advertir que desde el inicio de la pandemia no se ha avanzado en esa ruta.
En efecto, esta solicitud la realizó tras recordar que los serios problemas en la brecha de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, que antes de la pandemia fueron expuestos por la institución, se vuelven a visibilizar y agudizar con el reinicio de la atención de salud. Las colas o esperas por la atención médica se vuelve a presentar, así como la necesidad de las referencias, entre otros aspectos.
Además, se recordó que con la llegada del COVID-19 en el 2020 el Poder Ejecutivo anunció medidas para reformar o fortalecer el sector salud a través de su unificación, integración o articulación. Sin embargo, luego de más de dos años se ha avanzado poco o nada en esta ruta. La Defensoría del Pueblo lamentó que la expectativa de contar con un sistema sanitario fortalecido al finalizar la pandemia no se esté llevando a cabo a pesar de los anuncios de los últimos gobiernos.
“La llegada del COVID-19 no desnudó las precarias condiciones del sistema de salud peruano pues esta era una realidad que conocían y enfrentaban frecuentemente las personas que acudían a los establecimientos de salud públicos. Esta lamentable situación nuevamente se está agudizando con el reinicio de las atenciones generales de salud a nivel nacional por una cita”, manifestó el jefe del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, recordó que, de acuerdo con la información del Ministerio de Salud, del total de establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 77,78 % presenta capacidad instalada inadecuada expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Además, el 51 % de hospitales del sector salud presenta brecha de infraestructura que no permite que las prestaciones de servicios de salud se realicen en óptimas condiciones.
La Defensoría del Pueblo también señaló que, pese a que en el 2021 el Poder Legislativo anterior aprobó la Ley n.º 31125, Ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su proceso de reforma, no se avanzó en este proceso. Es decir, los avances con dicho propósito son muy pobres a pesar de los varios diagnósticos que al respecto se han realizado.
“El problema principal del aseguramiento universal ya no es la población sin seguro de salud, sino que dicha población acceda a los servicios de manera efectiva y que no asuma con sus recursos económicos la atención sanitaria que requiere, con el riesgo de empobrecerse o no poder acceder a ella por encontrar una barrera económica y en eso se debe enfocar la reforma postergada”, puntualizó Almonacid.