En Bellavista
Se pagó valorizaciones pese a existir metrados inexactos y partidas no ejecutadas
La Contraloría General evidenció que la Municipalidad Provincial de Bellavista otorgó conformidad, pagó y recepcionó la obra reparación del canal de riego ubicado en la margen derecha del Río Sisa, que beneficia a los centros poblados de Centro América, Peruaté, Carhuapoma y el Porvenir, en el distrito de San Pablo, pese a incumplir con las metas establecidas en el expediente técnico, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 353 263.
De acuerdo al Informe de Control Específico n°010-2022-2-2980-SCE, cuyo periodo de evaluación va del 18 de agosto de 2020 al 22 de febrero de 2021, se determinó que funcionarios (Gerente de Infraestructura, y el Jefe de Ejecución y Supervisión de Obras Públicas) de la entidad dieron conformidad y pagaron las valorizaciones n°1, 2 y 3 correspondientes al periodo agosto a octubre de 2020, pese a que la obra “reparación de canal de riego” tenía metrados inexactos por la no ejecución de partidas y partidas que no cumplieron con la calidad de su construcción.
Dentro de las partidas que no cumplen con las especificaciones técnicas, según informe de la Contraloría, se identificó la falta de demolición de canal inexistente, eliminación de demoliciones, trazo, nivel y replanteo, eliminación de material excedente, entre otros.
Asimismo, se evidenció el incumplimiento de funciones por parte de los miembros del Comité de Recepción de Obra al haber emitido el “Acta de Recepción de Obra” de 11 de diciembre de 2020, sin haber verificado que el contratista haya cumplido con los metrados, presupuesto y especificaciones técnicas exigidas en el expediente técnico, comprometiendo así la calidad y vida útil del proyecto.
Por los hechos expuestos, la Contraloría determinó que cuatro exfuncionarios y/o servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Bellavista tendrían presunta responsabilidad civil y/o administrativa. El informe fue comunicado al titular de la entidad a fin de que efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan y al procurador público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales.
Esto complicaría aún más a la gestión edil saliente sobre quienes ha recaído una serie de cuestionamientos.