Por el presunto delito de Peculado Doloso
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de San Martín, mediante disposición número dos, del 15 de noviembre de 2022, dispuso formalizar y continuar investigación preparatoria contra 28 exfuncionarios y trabajadores de la Unidad Ejecutora 404 – Hospital II de Tarapoto, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado Doloso, en agravio del Estado.
Según la disposición, firmada por el Fiscal José Luis Villalta Arriaga, funcionarios del Hospital II de Tarapoto, aprobaron las listas nominales de beneficiarios para percibir la bonificación extraordinaria por Covid-19, mediante resoluciones directorales, en el caso de los médicos Jacqueline Linssay Castañeda Cárdenas, Manuel Pérez Kuga, y Sergio Leonel Carpio Cárdenas, cada uno de ellos en su condición de exdirectores del Hospital, y en sus respectivos periodos, incluyeron en la nómina de beneficiarios del bono, al personal administrativo, médicos y asistenciales, que no prestaban servicios efectivos de alerta y de respuesta en el marco de la existencia del Covid-19; aun sabiendo que dicho bono era exclusivo al personal que estaba vinculado a servicios presenciales.
La carpeta fiscal incluye a 25, funcionarios de confianza de la gestión pasada como son Freddy Junior Piña García, Juan Román Luna Feria, Marlon Manuel Daza Farias, Iván Campo Edquen, Grace Milagros Saavedra Valera, Gibson Grandes Seijas, exjefe de la Oficina de Logística; Diana Santillán Ruiz, Merlith Casavalente Vela, Jorge Segundo Ríos Barrera, Heriberto Arévalo Ramírez, Javier Miguel Crisóstomo Farro, Luis Alberto Camacho Pintado, Keila Janina Leiva Portella, Néstor Benjamín Calderón, Vicente Trigoso Urrelo, Lenny Vela Vásquez, Luis Gerardo Pacheco Chávez, María Elena Farro Roque, Javier Alfredo Ignacio Effio, Nancy Sandoval Reyna, Adriana Soledad Vergara Medrano, Felipe Santiago Cecias López, Juan Carlos Tenazoa Luna, Pamela Flores Aguirre y Sheila Carol Núñez Ushiñahua.
Según las investigaciones y peritajes elaborados existen indicios reveladores del delito de Peculado Doloso porque los antes mencionados no identificaron, o permitieron que personales administrativos, médicos y asistenciales, que no prestaban servicios efectivos de alerta y de respuesta en el marco de la existencia del Covid-19, se vean beneficiados a pesar que no les correspondía. Consignaron como beneficiarios de dicha bonificación a personal de salud que no efectuaron sus labores de manera presencial ya que se encontraban de vacaciones, con licencias por enfermedad y otros.
Notándose varias irregularidades en determinación y aprobado de las listas nominales de beneficiarios para recibir la bonificación especial por Covid-19 en ese sentido las imputaciones van desde autores hasta cómplices del delito de Peculado Doloso.
Ahora, tratándose de una investigación compleja, la fiscalía determinó el plazo de investigación por ocho meses. El mismo que inició en diciembre de 2022, con la toma de declaraciones de los involucrados. Tratándose de una investigación de esta naturaleza, a julio 2023 se debe conocer resultados de los avances en las investigaciones, es decir, si el caso pasa a etapa judicial. Por César Gonzaga