Se pidió al titular de la UGEL adoptar medidas inmediatas para garantizar derecho a la educación pública gratuita.
Esta situación se ha advertido en las instituciones educativas Ángel Custodio García Ramírez, Aplicación Nivel Secundario, Alfonso Ugarte Bernal, Santa Rosa, José Antonio Ramírez Arévalo, María Ulises Dávila Pinedo, Flor de Belén y Cleofé Arévalo del Águila.
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto comunicó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de San Martín los resultados de la supervisión que viene desarrollando al proceso de matrícula escolar en 20 instituciones educativas públicas ubicadas en su ámbito de acción, los mismos que revelan que, en un elevado número de ellas, se viene cobrando diversos montos que resultan contrarios al derecho a la gratuidad de la educación pública.
De acuerdo a lo advertido durante la supervisión, en 10 instituciones educativas se consideran montos de cuotas ordinarias por Apafa que superan el 1.5 % de la UIT establecido para el 2023, equivalente a S/ 74.25. Esta situación pudo ser advertida en las instituciones educativas Ángel Custodio García Ramírez, Aplicación nivel secundario, n.° 0106 Alfonso Ugarte Bernal, Santa Rosa, José Antonio Ramírez Arévalo, n.° 0469, María Ulises Dávila Pinedo, n.° 0094, nº 0018 Flor de Belén y Cleofé Arévalo del Águila, ubicadas en los distritos de Morales, Tarapoto y La Banda de Shilcayo.
Las sumas que se cobran son diversas, dependiendo de si la niña, el niño o adolescente es regular o nueva/o. Se pudo advertir, por ejemplo, que en el colegio Ángel Custodio García Ramírez los montos son de S/ 150 para el caso de madres o padres de familia cuyos hijos/as recién ingresan al colegio; y S/ 100 para el caso de estudiantes regulares. En el caso del colegio Santa Rosa las sumas varían entre los S/ 70 y S/ 270; mientras que, en el colegio Aplicación nivel secundario, el monto por cuota es de S/ 600 para el caso de estudiantes nuevas/os.
También se pudo advertir que en cuatro instituciones se exigían diversas sumas para la obtención del formulario único de trámite, certificados de conducta, retiros de documentos, tarjeta de notas, constancias o certificados de estudios, así como para fichas de matrícula, pese a que la entrega de dichos documentos debe ser gratuita y los mismos no son exigidos por el marco normativo durante el proceso de matrícula. Esta situación pudo ser advertida en los colegios n.° 0018 Flor de Belén, Ofelia Velásquez, Santa Rosa y n.° 0094, ubicados en los distritos de Tarapoto y La Banda de Shilcayo.
De otro lado, se pudo evidenciar que 12 instituciones educativas públicas no incluían, dentro de sus reglamentos internos, los criterios para acceder a una vacante o no indicaban los requisitos del proceso de matrícula.
Un caso preocupante fue el de la Institución Educativa n.° 0018 Flor de Belén, donde pudo advertirse que durante el mes de diciembre de 2022 ya se habían asignado vacantes, incumpliendo así el cronograma del proceso regular de matrícula establecido por el Instructivo de matrícula 2023 aprobado por el Ministerio de Educación. Asimismo, que de las 120 vacantes que ofertaron para estudiantes de primar grado, 33 fueron asignadas mayormente por recomendación del mismo personal del plantel, no habiéndose acreditado la condición de familiar directo del alumno o alumna beneficiado/a.
Todos estos hallazgos fueron trasladados por la coordinadora del Módulo Defensorial de Tarapoto, Katheryne Chamoly, al director de la UGEL San Martín, Milton Avidón, con la finalidad de que se adopten medidas correctivas inmediatas dirigidas a garantizar el derecho a la educación pública gratuita. En la reunión, la representante de la Defensoría de Pueblo precisó que estas acciones deben estar dirigidas a evitar cualquier cobro de dinero o acto de discriminación. Además, se solicitó comunicar el procedimiento que debe seguir el padre o madre de familia al no conseguir una vacante escolar, a fin de que la UGEL pueda ubicar a las o los estudiantes en otro plantel.