La defensa peruana estima que el último recurso presentado por Alejandro Toledo ante el distrito de Columbia para suspender su extradición al Perú no cambiará el resultado final -confirmado en todas sus instancias por el Poder Judicial de Estados Unidos y el Departamento de Estado- pero le haría ganar entre 6 y 8 meses de tiempo.
Toledo argumenta en el “procedimiento civil federal” que no se le ha informado correctamente de las razones de la extradición, originada en la millonaria coima que le pagó Odebrecht por la Interoceánica y que el Departamento de Justicia tomó como un caso central para su acuerdo de lenidad con la constructora.
A diferencia de lo que pasó hasta aquí, donde Toledo se valió de la defensa pública, esta vez fue asistido por los abogados Kelsey Quigley y David Bowker de la firma Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP.
Trascendió que habría ofrecido convertirse en colaborador eficaz. No habría muchas más opciones que el caso de los árbitros. Hace un año, la jueza Stephanie García, del Principado de Andorra, ordenó mantener congeladas 30 cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA) y una del Credit Andorra por un monto total de 52,2 millones de euros. Representa la cuarta parte de los 200 millones que desembolsó Odebrecht para comprar voluntades de políticos y altos funcionarios de Perú. Ecuador, Chile, entre otros países.
La brasileña participó en más de 30 litigios contra el Estado, que le permitieron ganar alrededor de US$254 millones. Según el equipo de investigación Lava Jato, Horacio Cánepa Torre intervino en 16 de los 19 laudos en contra del Estado. No solo como árbitro sino también haciendo de abogado en la sombra, para cobrar una millonaria comisión por los arbitrajes.