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sábado, abril 27, 2024

El lastre de la corrupción: Patrones y casuísticas del robo

Son 94 mil millones perdidos desde el 2019, y 24 mil millones solo el 2022. Para sacar a todos los peruanos de la pobreza se necesitaría 11,500 millones al año.

“El caso de la inversión pública es alarmante y ahí se han perdido 14 mil millones en los últimos años”

Entrevista: Enrique Chávez

Retomar la reforma del servicio civil y reformular la ley de contrataciones del Estado están entre las conclusiones de urgencia que se desprenden de la data obtenida por la Contraloría General de la República en el Observatorio Nacional Anticorrupción. Jeniffer Pérez Pinillos, subgerenta del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, pone sobre la mesa números que hielan la sangre.

Hemos logrado acceder a las bases de datos de casi todo el Estado. La interoperabilidad nos permite hacer un análisis masivo. Puedo ver todos los contratos al mismo tiempo. Y sobre eso identifico un patrón. Los auditores también con juicio experto nos van indicando qué casuísticas encuentran. Con el dato de uno de ellos, por ejemplo, encontramos las planillas fantasmas el año pasado.

Sobre todo, a nivel de programas regionales y locales porque en el caso del gobierno central el manejo de las planillas está un poco más centralizado.

¿Cómo el observatorio recaba esta información?

Hemos logrado acceder a las bases de datos de casi todo el Estado. La interoperabilidad nos permite hacer un análisis masivo. Puedo ver todos los contratos al mismo tiempo. Y sobre eso identifico un patrón. Los auditores también con juicio experto nos van indicando qué casuísticas encuentran. Con el dato de uno de ellos, por ejemplo, encontramos las planillas fantasmas el año pasado.

El gran error es flexibilizar la intransigencia ante el corrupto.

¿Hay más desorden en el gobierno central o los regionales y locales?

Sobre todo, a nivel de programas regionales y locales porque en el caso del gobierno central el manejo de las planillas está un poco más centralizado.

MTC y Provías, emblemas de la corrupción de Castillo y prófugo Juan Silva ¿El Congreso está incluido?

Lo está. Pero todavía no se tiene una casuística clara más allá de los casos que conocemos por los medios.

¿Cuáles son las instituciones que más daño patrimonial causan al país?

Cenares, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Provías. Como el año pasado, pero también encontramos nuevas entidades, por ejemplo, el caso Pronis, que es una unidad ejecutora a cargo de proyectos de inversión, sobre todo infraestructura hospitalaria, que en este último año tiene cerca de 60 proyectos con obras paralizadas. Es aterrador. En el caso del gobierno nacional el crecimiento se ha dado en el 2022 en gasto de personal: problemas con el tema de la designación de funcionarios y las contrataciones, doble percepción. Es el único rubro en el que el poder ejecutivo tuvo un incremento sustancial.

¿Cuál fue el peor año? En 2019 se perdieron 15 soles de cada 100 soles. El año 2022 se ha vuelto a incrementar hasta 13.4 soles de cada 100. En términos de montos son S/ 24 500 millones.

Hicimos un trabajo con el INEI que calcula la pobreza en términos monetarios, que son todas las personas que no llegan a acceder a la canasta básica. Se ha determinado que para sacar a todos los pobres de esa condición en un año se necesitaría entregarles S/ 11 500 millones. Se pierde más del doble.

¿Qué pasó el 2022?

Ese año se incrementó el monto límite para las contrataciones sin proceso, ningún proceso de selección. Pasó de 8 UIT a 9 UIT, que es un poco menos de 40 mil soles. Eso hizo que esas contrataciones pasen de 14 mil millones al año a cerca de 19 mil millones. Un tercio de lo que se contrata en el país no tiene proceso de selección. Son 1.6 millones de proveedores que no pasan por procesos de contratación. Hay entidades que hacen casi toda su contratación sin selección. Eso aumentó otra casuística que es la de los proveedores que contratan en varias ocasiones, presuntamente para evitar hacerlo en un solo proceso de selección. Esto es consecuencia de no hacer la reforma del servicio civil ni flexibilizar la manera de contratar. Ahí están las famosas consultorías con las que se evitan los postores.

¿Cuáles son los problemas detectados en Cenares, que se encarga de comprar medicinas?

En muchos casos se han contratado medicamentos a punto de vencer. Tienes grandes problemas de distribución. Hay sobre stock en unos casos y sub stock en otros.

¿Cuánto el Perú ha perdido por corrupción en los últimos 4 años?

Son S/ 94 000 millones de soles. Siempre por encima de S/ 20 mil millones. El único año donde hubo una caída con respecto al monto fue 2020. El año pasado además se dio una contracción del gasto público que es parte del deterioro institucional que vimos. Por ejemplo, el tema de migraciones con los pasaportes.

Una cosa son los problemas de procedimiento y otra concluir que se perdieron 24 mil millones. ¿Cómo se llega a esa conclusión?

Tenemos tres rubros: contratación de personal, la inversión pública que son las obras y la contratación pública. En el caso del sector Salud tienes una gran contratación de esos bienes vencidos o innecesarios. Los productos se pierden y no llegan al ciudadano. En inversión pública tenemos muchos problemas en ejecución contractual. La Contraloría chequea y advierte, estás pagando por un servicio que no te dan. Finalmente, a pesar de eso la institución paga e incurre en el error porque el servicio no se presta. El dinero se perdió. Termina en desencuentros con la contratista y la obra no se termina.

Y luego los temas como gestión de personal, sobre todo de instituciones que no se pusieron a derecho. Cuando revisas los entregables pagaste por un tipo de estudio y te entregaron un producto que ya te habían entregado. El caso de la inversión pública es alarmante y ahí se han perdido 14 mil millones en los últimos años. Por otro lado, se crearon proyectos para responder a una necesidad a nivel regional, los famosos proyectos especiales en materia de infraestructura, que no funcionan.

En los 70 y 80 tuvimos una derivada del modelo económico intervencionista estatista, donde había que coimear para ser favorecido con el dólar MUC, o con una licencia de importación, o con un arancel más alto, o

¿Los números sugieren los correctivos?

Es como una prueba covid. Si la aplicas a todos los funcionarios vas a ver por dónde está la enfermedad. Ya le hemos recomendado al MEF que se tiene que encargar de las famosas consultorías. Es una desnaturalización completa. Apoyamos el desarrollo de la 31409 que establece requisitos mínimos para contratar personal. Es un doble filo porque a veces las consultorías se presentan como un paliativo. Tengo una estructura tan deficiente de personal que tengo que contratar por fuera. Y recordemos que ahora ya no hay CAS. La falta de flexibilización que no permite un sistema meritocrático impide hacer reemplazos o trasladar al personal para que sea más eficiente.

¿Qué pasa en transportes? En el gobierno de Castillo se cambiaba a los directores de Provías a cada rato.

Se perdió mucho personal técnico y se trasladó proyectos a los gobiernos regionales sin que tengan la capacidad. Pero también tenemos los casos de contratación en proyectos de inversión. Es por ejemplo el caso del puente Tarata, que con la recuperación de la capacidad sancionadora se inhabilitó a los funcionarios. Allí altero el procedimiento para que calce al que se va a beneficiar. Es un claro ejemplo, pero de una manera muy burda, que es lo que también vimos con los pasaportes. Encontramos que 78 mil personas ya habían pagado por sus pasaportes cuando no había stock y el producto no estaba.

¿Corrupción o ineptitud?

Hubo un claro problema de ineficiencia. Pero la investigación continúa porque ya se terminó el servicio de control. Se determinarán responsabilidades para determinar con claridad si hubo un interés privado para demorar el proceso.

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