“Congreso atenta contra el Poder Judicial”
El titular del PJ se pronunció sobre las propuestas de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso.
El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, aseveró que las propuestas para reformar el sistema de justicia deberán ser consultadas previamente con la institución que lidera. Esto, debido a que el Congreso tiene dos iniciativas que apuntan a reformar este poder del Estado.
“Todo proyecto es debatible. Y es propio de una democracia someterla a consideración de la población, pero lo que queremos decir en defensa de nuestra independencia es que ninguna iniciativa puede pasar sino es consultada previamente. No aceptaremos ninguna otra posibilidad”, dijo Arévalo.
Estas declaraciones fueron emitidas durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial, en la que estuvo presente la presidenta Dina Boluarte.
Una de las propuestas cuestionadas por el presidente del PJ, fue presentada por el congresista Roberto Chiabra. Propone que el Congreso sea el encargado de destituir a los jueces y fiscales supremos, además de quitarle la facultad de elección del titular del PJ y el fiscal de la Nación a la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos respectivamente, estableciendo que estos puestos serán ocupados por los magistrados de mayor antigüedad.
“Es un atentado a la independencia del Poder Judicial calificó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
César de la Cuba Chirinos, califico como un atentado al proyecto de ley presentado por Roberto Chiabra, que pretende que sea el Congreso que destituya a jueces y fiscales supremos en lugar de la Junta Nacional de Justicia.
Tras ello, varios especialistas y desde el Poder Judicial manifestaron su rechazo, Cuba Chirinos indicó que son respetuosos de las facultades de cada poder del Estado, pero el Congreso tiene que respetar el marco constitucional.
“Tienen que respetar la autonomía y la independencia del Poder Judicial”, alegó Cuba.
Asimismo, advirtió que la consecuencia sería entrar a un control político y que los magistrados que cumplen su función ventilarían los alcances políticos de las decisiones de los jueces que tiene un ámbito distinto que es la jurisdiccional.
“Es un atentado contra la autonomía y la independencia del Poder Judicial (…) Estaremos alerta y unidos. En caso de que prospere interpondremos un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que la ley no se aplique”, aseveró Cuba Chirinos.
Otra de las propuestas es la conformación de una comisión que presente una hoja de ruta para reformar el sistema judicial. Fue presentada por el congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo.
La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia rechaza que el Congreso pretenda intervenir el sistema de justicia
Alertan que la reforma concentraría en el Congreso, el poder de definir el destino del Poder Judicial y la Fiscalía y advierten del conflicto de intereses que supone que la mayoría de parlamentarios tenga investigaciones pendientes.
La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (Jusdem) se pronunció sobre el proyecto de ley que el congresista Roberto Chiabra (Alianza Para el Progreso) presentó para quitarle facultades a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y delegar al Parlamento la tarea de destituir a los jueces supremos.
También cuestionan que Chiabra pretenda eliminar la facultad de la Sala Plena de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos de elegir al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación respectivamente, para disponer que estos cargos sean ocupados por los magistrados más antiguos, quienes una vez que culminen sus mandatos, serían cesados.
A raíz de ello, Jusdem consideró que esta reforma concentraría en un solo poder del Estado, el destino de la conducción de la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que pondría hacer que se abran procedimientos disciplinarios a magistrados, basados en intereses partidarios o políticos.
Cuestionó, asimismo, que un grupo de congresistas, a iniciativa de Fuerza Popular, hayan presentado una moción que busca instalar una comisión que reforme el sistema de justicia. Sin embargo, cuestionan que se haya presentado en un contexto en el que 82 de 130 congresistas tienen cuentas pendientes con la justicia.
“No solo se advierte la mediación de conflicto de intereses, sino que dicho Poder del Estado no tiene legitimidad para llevar a cabo la pretendida reforma, y si aún insistieran en ello, 82 congresistas deberían ser apartados de la votación por tener intereses comprometidos por estar establecida prohibición expresa por dicho motivo”, consideran.
Finalmente, pidieron a la Sala Plena de la Corte Suprema, a los presidentes de las 35 cortes superiores de justicia y a los jueces de todo el país a defender la independencia del Poder Judicial.