Demanda fue trasladada por el TC al Congreso de la República para que conteste dentro de 30 días hábiles
El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín contra la Ley N° 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta norma incentivaría la deforestación, vulneraría la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en los procesos judiciales.
A través de una resolución que lleva la firma de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, la entidad corre traslado de la demanda al Congreso de la República, a quien le da un plazo de 30 días hábiles para que se apersone al proceso y conteste la demanda.
Los tribunos admitieron a trámite la demanda luego de corroborar que cumple con los criterios de admisibilidad y procedibilidad establecidos en la Constitución, el Nuevo Código Procesal Constitucional y en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, con lo cual se inicia el proceso para declarar la inconstitucionalidad de la denominada «Ley Antiforestal».
El documento lleva la firma de los miembros integrantes del TC Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich, Hernández Chávez.
En la demanda presentada por el Gobierno Regional de San Martín, se sostiene que la aprobación de la Ley N° 31973 incumple disposiciones constitucionales y tratados internacionales que tienen rango constitucional. Asimismo, argumenta que para aprobar dicha norma no se realizó la consulta previa a los pueblos indígenas; además, señala que vulnera los principios relacionados con el régimen forestal y el deber de conservar un ambiente equilibrado establecidos en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución.
Finalmente, sostiene que dicha norma amenaza el derecho de propiedad de las comunidades nativas y pretendería dar impunidad en materia penal a las personas que han deforestado los bosques y que tienen procesos penales en curso.
Cabe señalar que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Amazonas, el Gobierno Regional de Huánuco y diversas organizaciones especializadas en materia ambiental (entre ellas la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible) emitieron pronunciamientos para exigir la derogatoria de dicha norma que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República.
Sobre el tema Voces, entrevistó al Dr. Mariano Castro, como integrante del Consejo Consultivo del Equipo de Derecho Ambiental de la PUCP. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en Biología de la Conservación en Universidad Peruana Cayetano Heredia.
“Ahora sí, se podrá realizar un diálogo dentro del marco jurídico sobre la constitucionalidad de la ley anti forestal”
¿Qué representa la admisión de la demanda?
Significa concretar el proceso donde se va a discutir la inconstitucionalidad de la ley anti forestal, con esto, el TC señala de qué todos los aspectos formales que se han cumplido y ahora se ingresa al tratamiento de los aspectos de fondo que están planteados en la misma demanda.
Las otras demandas presentadas ¿en qué condición quedan?
Una vez que se admite también el proceso regular se acumulan y lo que va a ocurrir probablemente es que las audiencias respectivas de sustentación, los diversos demandantes van a presentar sus argumentos que son complementarios.
Esto también merece una respuesta del Congreso de la República.
Bueno, así, aunque la difusión de admisión ya está dada y, no tiene por qué haber reclusión, más bien ya se ingresan los aspectos más de fondo. Es un asunto dentro del procedimiento constitucional que es el procedimiento normal, se han cumplido con requisitos formales y una vez que está decidido eso ya por el tribunal constitucional ingresa a la discusión de fondo con lo cual efectivamente ya, ahora sí, se podrá realizar un diálogo dentro del marco jurídico sobre la constitucionalidad de la ley anti forestal.
¿Quiénes son los llamados a establecer la defensa, o es que se puede armar un equipo?
Los mismos demandantes y todos aquellos que se hayan sumado, se sumen a través del Amicus Curiae, es decir – permite la intervención de terceros ajenos a un proceso, para que emitan una opinión sobre los casos sometidos a conocimiento judicial- es decir quienes formalmente han suscrito la demanda son los que se presentan en la audiencia y los abogados acompañen el proceso.
¿Es decir, hacer una sola fuerza común?
Sí, un frente común, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, todos los preocupados de las consecuencias negativas de esta ley anti forestal podrán efectivamente presentar sus argumentos para que esta ley se declare inconstitucional
¿Es una enmendada de plana al Congreso?
Esperemos que eso sea así finalmente, estamos en etapa recién de inicio del proceso, formalmente hablando con la admisión, la siguiente etapa en audiencia, etc., las contestaciones que hubiese por parte del Congreso podrán dar lugar efectivamente a lo que creamos que se declare inconstitucional.
Por su parte el Gobernador Regional Walter Grundel Jiménez, promotor de la demanda también se pronunció mediante un video institucional que circula en redes.
“El 24 de enero se presentó ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Congreso, no podemos, nosotros como Gobierno Regional de San Martín y todos los gobiernos que componen la amazonia, aceptar que esa ley, porque vulnera los derechos de los gobiernos regionales para proteger la flora y la fauna, nuestros recursos naturales (…)
Estaremos a la espera que el Congreso responda esta demanda anticonstitucional, los legisladores tienen 30 días; como Gobierno Regional de San Martín vamos a hacer seguimiento legal con firmeza porque en esta ley, que perjudica a la Amazonia, además que no se han hecho las consultas a las comunidades nativas, ellos tienen sus áreas, sus espacios titulados para que sigan cuidando para que no haya intervención de gente foránea, sólo dar las gracias y reafirmar nuestro compromiso y respeto por el medio ambiente y la vida en San Martín y la amazonia” sentencia el gobernador Grundel Jiménez.
Debemos precisar
Como se recuerda el pasado 11 de enero de 2024 el Congreso publicó la Ley N° 31973, mediante la cual se modifica los artículos 29 y 33 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal; ante esto el gobernador regional de San Martín, manifestó que esta ley va a legalizar la deforestación ilegal, pues elimina una serie de requisitos técnicos, por lo que era necesario presentar la demanda de inconstitucional.
San Martín es la región de la Amazonía peruana que, liderada por su gobernador, ha marcado una posición firme de rechazo a la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763, debido a que es la única región que tiene la aprobación de su Zonificación Forestal con Resolución Ministerial 039-2020-MINAM y está encaminada en la aprobación de las Unidades de Ordenamiento Forestal.