Las facultades delegadas al Ejecutivo abren un frente decisivo para pacificar nuestras provincias y proteger la infraestructura productiva, en un esfuerzo que exige la máxima articulación de las autoridades locales y regionales.

La promulgación de la Ley n.º 32743, publicada el jueves 22 de octubre de 2026 en el diario oficial El Peruano, marca un punto de quiebre en la lucha nacional contra la criminalidad organizada y los desastres naturales, con un impacto directo en la región San Martín. Otorgando al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para emitir decretos legislativos clave, la norma prioriza la reforma de la regulación migratoria para acelerar los procesos de expulsión de extranjeros implicados en delitos o en situación irregular, la reestructuración del sistema penitenciario mediante la intervención de las Fuerzas Armadas en los penales, y el combate frontal a flagelos urbanos que vienen golpeando a ciudades como Tarapoto, Moyobamba y Tocache, entre ellos el sicariato, la extorsión y el tráfico ilícito de armas. Asimismo, la delegación legislativa faculta al Gobierno a optimizar los mecanismos de contratación para obras de mitigación frente a las amenazas del fenómeno El Niño y a ajustar las leyes sobre la responsabilidad penal de adolescentes e inteligencia nacional.

Para que este paquete normativo responda eficazmente a la realidad del nororiente peruano, los diversos sectores deben articular acciones inmediatas:

Sector Seguridad e Interior: Fortalecer los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) e Inmigraciones en las carreteras de ingreso a San Martín, fiscalizando el tránsito irregular de ciudadanos extranjeros y neutralizando las redes delictivas del «gota a gota».

Sector Justicia y Penales:Reforzar los protocolos de seguridad en los establecimientos penitenciarios regionales para impedir que desde su interior se sigan coordinando extorsiones a comerciantes y empresarios locales.

Sector Infraestructura y Riesgos: Utilizar los procedimientos agilizados por la nueva ley para acelerar la descolmatación de cauces y la construcción de defensas ribereñas en las cuencas vulnerables del Huallaga y el mayo frente a las lluvias de El Niño.

Sector Comercio y Producción: Brindar respaldo y canales seguros de denuncia a las cooperativas agrarias y pequeños comerciantes hostigados por la delincuencia, resguardando la reactivación económica del departamento.

El verdadero éxito de estas medidas legislativas no se medirá en el papel de las normas, sino en la paz devolviéndoles las calles a las familias sanmartinenses y en la seguridad de nuestras cosechas frente a la fuerza del clima.