Es posible que para las próximas elecciones generales participen nuevamente más de una docena de partidos políticos nacionales. Algunos están abocados ya a urdir estrategias para convencer a la masa electoral al estilo de un festival carnavalesco. Cada cual exhibirá su disfraz folclórico como salvadores de esta suerte de fosa cloacal en que nos ha sumido el endemismo político criollo y la corrupción extrema, de larga data.
Lo más grave es que, gran parte de la ciudadanía, como nunca antes, se ve crucificada en una concepción ética- política graficada en la frase: “no importa que robe, con tal que haga obras”.
¿Qué nos depara el futuro con esta forma de pensar? Significa que el pragmatismo antiético de los vividores de la política y los grupos de poder que manejan la actual estructura económica del Estado, están controlando para sí la conciencia social y, con ello, la aceptación de los hechos de corrupción, como hechos normales e inimputables. Implica, además, que estamos institucionalizando la corrupción, desde las más altas esferas de los poderes del Estado, avalada por un sector electoral.
De ahí que las trilladas promesas de un “gobierno transparente” y de “lucha contra la corrupción”, sólo son clichés desgastados y carentes de credibilidad, encajados en un sistema putrefacto y pandémico.
Por eso, el afán compulsivo de construir sólo obras inaugurables a golpe de champan, están inspiradas, ante todo, en los réditos económicos y políticos, a corto plazo, antes que el bien común. Para ello han inventado toda suerte de artificios que funcionan como oroductos, por los que, perfectamente, “la plata llega sola”. Todo esto en comparsa con la “gente de confianza”, que actúan como séquitos, neocortecerrados, sin dejar huellas que podrían hacerlas imputables.
Así, la política se ha vuelto muy atractiva, para muchos políticos, como una actividad de alta rentabilidad. Su único fin es el dinero. Quizás, con alguna rara excepción.
Cuántos miles de millones de soles del presupuesto nacional se lleva de este modo la corrupción, inflando los costos con la gama de artificios, privando a los pueblos la posibilidad de construir miles de escuelas y centros de salud, de alimentar a los niños del Perú y pagar la deuda interna, sin triquiñuelas.
Tal como en el caso del FONAVI, que perfila al Estado como un Estado impostor, usurpador de derechos sociales de la masa trabajadora, del país.
He aquí, asimismo, la explicación del porqué de las políticas desarrollistas, a lo largo de la vida republicana. Políticas sólo de crecimientos cuantitativos, de más obras o menos obras; en las que no se tuvieron ni se tiene en cuenta, como prioridad, una educación humanística. La cual significa, entre otras: capacitación y práctica de valores, adecuada a nuestros propios fines y necesidades; única vía para lograr el salto cualitativo, mejor dicho, hacia nuevas formas de vida, hacia el progreso auténtico de los pueblos.
Porque la formación humanística conlleva a la formación ética, crítica, cuestionadora, propositiva y solidaria del joven, y con él hacia el cambio de estructuras económicas.
Por eso, este tipo de educación es reprimida por las políticas de Estado, desde los años noventa, a raíz de la insurgencia armada vividas en el país.
Desde entonces, la educación, particularmente las universidades, que antaño eran calderas de ideas transformadoras, está amordazada y convertida sólo son centros de formación tecnocrática, de robotización mental de nuestra juventud al servicio del sistema, privados de la dosis necesaria de rebeldía innata. Lo que le impide sacudirse del sopor consumista neoliberal.
Pero, gracias a la Ley “Pulpin” nuestra juventud está empezando a despertar.
Sin juventud crítica, rebelde, consciente de su rol, es imposible soñar con una sociedad más solidaria, cualitativamente superior.
Contrariamente, y empeñadas en preservar el viejo orden, tales políticas siempre han sido por demás excluyentes; no buscan el bien común, sino el usufructo irrestricto y amoral de una élite de poder. Por eso manipulan para sí, por todos los medios, la conciencia social. A tal extremo que aleccionan a las mayorías para apoyar con su voto a los partidos políticos que los representan sacrificando, inconscientemente, sus propios intereses. Las mayorías terminan, así, engordando a sus propios verdugos.
Atraídos por la alta rentabilidad económica que brinda el poder han aparecido una multiplicidad de partidos políticos nacionales; que sólo lograron conquistar cinco Presidencias regionales, y más de doscientos movimientos regionales, que, gracias a la confianza ciudadana, alcanzaron el 80% de los gobiernos regionales.
¿Qué significa este hecho? Simplemente, dos cosas: vocación por la descentralización política y administrativa plena del país, y, el descrédito histórico de los partidos políticos nacionales, de viejo cuño: sustentos del centralismo y causantes seculares de todos los vicios y males que adolece el país.
En suma, lo dicho nos señala el nuevo derrotero histórico a seguir: descentralización total, y nuevas reglas de juego electorales, con inclusión de los movimientos regionales, como tales, para la participación en la elección congresales y presidenciales, inclusive.
Los hechos nos señalan el camino hacia la instauración de una nueva república; distinto y distante del putrefacto sistema en que hoy se contamina nuestra juventud.
A partir de esta crisis estructural, ética, moral y económica del país, así como de las experiencias en los dos períodos del gobierno regional y del último resultado electoral, es imprescindible una profunda mirada introspectiva, para trazar el nuevo rumbo de Nueva Amazonía y de la región. Necesitamos profundos cambios internos y externos; pero no podemos cambiar si seguimos haciendo la misma cosa.
Para ello tenemos que construir una organización concordante con el tipo de hombre y sociedad que pretendemos construir. Es decir, necesitamos una organización con militancia convencida de su causa y comprometida con las mayorías de los peruanos.
Para eso debemos asumir, necesariamente, como requisito fundamental, el reto de convertirnos en una escuela permanente de capacitación política e ideológica, ante todo, y de conocer el acontecer del mundo global y nuestras potencialidades múltiples. Porque sin ellos no hay compromiso principista; no hay participación propositiva; no hay base o “capital social” capaz de sustentar y garantizar (teórica y práctica) la estabilidad de ningún proyecto ni gestión.
Sólo así podremos construir una nueva ciudadanía, una nueva sociedad. Sólo así la militancia tendrá voz y derecho de hablar de un gobierno real de Nueva Amazonía. Sólo de este modo tendremos la capacidad suficiente para convocar y vertebrar las distintas vertientes políticas regionales en un torrente incontenible, capaz de alcanzar el sueño de un nuevo orden político y social. Ese es y será nuestro gran reto, la utopía de la presente y futuras generaciones.