Moyobamba. El congresista Aldo Bardález Cochagne, presentó un proyecto de ley que establece que aquellos empresarios condenados con sentencia firme por delitos de corrupción, queden imposibilitados de realizar cualquier tipo de contrato con el Estado , además de quedar sus nombres registrados en una especie de lista negra, cuya creación se propone declarar de interés nacional y necesidad pública.
La norma busca combatir la corrupción en los procesos de contrataciones públicas y que los delitos de esta naturaleza que afectan de grave manera nuestro desarrollo no queden impunes.
La presente iniciativa legislativa, en aras de proteger el interés público, propone modificar la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, incorporando como impedidos para contratar con el Estado a las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, hayan sido condenados con sentencia firme por los delitos de corrupción”, señaló Bardález.
Reveló que en la actualidad se investigan alrededor de 900 casos por corrupción en varias regiones, varios de ellos relacionados al otorgamiento direccionado de obras a favor de determinadas empresas.
“Existen muchas denuncias contra empresas que incurren en irregularidades al momento de ejecutar las obras como es la sobrevaloración de costos, uso de mala calidad de materiales e insumos, obras inconclusas, entre otros ilícitos, que ocasionan un perjuicio enorme para el país. Por ello, los empresarios que manejan estas corporaciones y que resulten culpables, no deben contratar nunca más con el Estado”, indicó el legislador sanmartinense.
Dato. El proyecto de ley otorga facultades al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE para que en caso advierta la existencia de elementos probatorios de la comisión de delitos de corrupción por parte de postores y contratistas, solicite ante el juez competente la suspensión provisional para contratar con el Estado, siendo éstos incorporados en un registro de participantes y postores suspendidos para contratar con el Estado (Lista negra), cuya creación se propone declarar de interés nacional y necesidad pública. (Alfonso Delgado G.)