Por: César Gonzaga
Luego de un amplio análisis y debate del acta que declaraba los fundamentos y razones de la suspensión de la huelga de su dirigencia nacional, los trabajadores administrativos del sector Educación que acataron una huelga en San Martín, decidieron suspender por 60 días la medida de lucha que emprendieron, en demanda del incremento de sus incentivos laborales, debido a que sus haberes están congelados desde hace 25 años.
Susana Ríos Puerta, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del sector Educación (SITASE), dijo en esa asamblea que la huelga en San Martín comenzó mucho después de iniciado en Lima y en otros lugares del país y que era por eso que en esta huelga no consiguieron lo hubieran querido, pero sí lograron algo. “No se ganó una guerra, pero sí una batalla”, señaló.
La dirigente sindical invitó a sus sindicalizados a no desanimarse por esta situación, e invocó a que no generen un teléfono malogrado con el falso argumento que perdieron en estos días de huelga.
Además informaron que el viernes 26 de junio, los dirigentes del SITASE se reunirán con la directora Regional de Educación (DRE), Pilar Saavedra y si es posible con el mismo gobernador regional, Víctor Noriega, para que se les entregue una copia del actas de suspensión de huelga, para que sean ellos quienes emitan a las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) y éstas a su vez a las direcciones de las instituciones educativas.
“Esto señores es para que ellos conozcan que el Ministerio de Educación, luego de la suspensión de la huelga, no haya ninguna sanción administrativa, como descuentos y de ser el caso compensar los días no laborados. Es decir el acta garantiza no represalias ni acciones legales contra los administrativos”, manifestó. Ríos Puerta, explicó que sobre el cómo y cuándo de la recompensación de los días no laborados dependerá de la reunión con la DRE y la presidencia regional.
En cuanto a la restitución de los 80 soles, otra de las exigencias de ese sindicato, depende mucho de la emisión de una resolución judicial, donde le pida al gobierno regional devuelva ese monto que por ley les pertenece.