Por: Róger Torres Chujutalli
Quienes están inmersos en la denuncia lo señalaron como un manotazo de ahoga, la denuncia hecha por las ex autoridades de la UNSM, quienes increíblemente les están exigiendo a un grupo de dirigentes del FRECIDES dejen de hablar u opinar sobre la situación de esa casa superior de estudios, además que dejen de llamar ex rector a Julio Armando Ríos Ramírez.
Está denuncia judicial hizo que todos los involucrados, ocho dirigentes en total, señalaran que se trata de un saludo a la bandera, dado a que no tendría la contundencia legal pues no solo se les pide hechos inusuales, sino que se trata una denuncia más de una cuestionada ex autoridad que parece resignarse al hecho de haber perdido el cargo de ex rector de la Universidad Nacional de San Martín.
Los denunciantes son Julio Armando Ríos Ramírez, ex rector; Evangelina Ampuero Fernández, ex vicerrectora académica; y Nelly Reátegui Lozano, ex vicerrectora administrativa. Esas ex autoridades universitarias señalan que fueron elegidos democráticamente para un periodo de cinco años, del 31 de agosto 2013 al 30 de agosto de 2015, basados en una ley universitaria que ya dejó de estar vigente (Ley 23733, modificada por la Ley 28637)
Además que los dirigentes denunciados apoyaron y aportaron indebidamente al ingreso e implementación de las nuevas autoridades universitarias, de forma apresurada y de mala fe. Vulnerando el derecho de las ex autoridades denunciantes y desconociendo la vigencia de sus mandatos en calidad de “autoridades de esa casa superior de estudios elegidas por un periodo de cinco años.
Los denunciados son Semira Pérez Saavedra, como presidenta del FRECIDES; Lucinda Vásquez Vela, como ex presidenta del FRECIDES; Julia Ochoa Ruíz; Israel Chuquival Chuquihuanca, Marco Morales Angulo, integrantes y dirigentes del mismo frente de San Martín, y Baldomero Grandez Aristas y Roxana Flores Perea, dirigentes del Frente de Defensa de Rioja.
Todos esos dirigentes según esa denuncia judicial, con resolución 01 del 15 de julio 2015, deben cesar “la intromisión y mantenerse al margen en todo lo que tenga que ver con los casos judicializados respecto al gobierno de la UNSM bajo apercibimiento de Ley, teniendo en cuenta que no está dentro de las funciones de los denunciados en reconocer o no autoridades de esa universidad”. Como para no creerse, en un país democrático