El BPAM afronta la oposición de pobladores del caserío El Afluente que busca continuar con una serie de actividades ilícitas
Por: Lenin Quevedo Bardález
Incurriendo en actos violentos y delictivos los días 14, 21 y 23 de marzo, un grupo de pobladores denunciados ante el Ministerio Público por los familias agraviados y el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), impidieron el libre tránsito del jefe del BPAM, el Presidente del Comité de Gestión y el personal técnico de los Acuerdos de Conservación (AdC) en el caserío El Afluente, llegando al extremo de retenerlos contra su voluntad, bajo amenaza de agresiones y utilizando a sus esposas y niños como escudos humanos. La finalidad de este accionar es la de continuar con actividades ilícitas como tráfico de tierras, madera y deforestación de bosque primario en el BPAM e impedir el trabajo conjunto con las familias suscriptoras de los AdC.
Después de 3 años de diálogo entre la jefatura del BPAM, las Rondas Campesinas, el Frente de Defensa de Aguas Verdes, diversas entidades públicas, distritales y regionales, se viene promoviendo actividades en favor de la conservación de esta Área Natural Protegida (ANP) y el bienestar de la población aliada, coordinando con diversas autoridades distritales, todo ello amparado en la carta expuesta ante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SERNANP) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), como respuesta a las demandas de la población.
Segundo Calle Castillo, Presidente del Comité de Gestión del BPAM, manifestó que esta actitud violenta sólo acarrea divisionismo en el caserío y pone en peligro todo el esfuerzo realizado por sus pobladores y la jefatura del BPAM, atentando contra el desarrollo de las familias y la misma ANP, considerada Patrimonio de la Nación.
Por ello, este domingo 03 de abril a las 6:00pm, la población de El Afluente, las Rondas Campesinas, Jefatura del BPAM y demás entidades públicas, sostendrán una reunión para poner fin a estos actos violentos. Asimismo, el Comité de Gestión del BPAM invoca a las autoridades competentes, como la Fiscalía en Materia Ambiental (FEMA), el Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) y autoridades competentes, para que, en un clima de calma, puedan dialogar con la población y garantizar una pronta solución a estos problemas y, sobretodo, garantizar la funcionalidad de esta importante ANP, que abastece de recurso hídrico a más de 250 mil habitantes del Alto Mayo.