punto y sigue
Edy Tirado
El pasado jueves 30 de mayo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la Republica postergó el debate del proyecto de la ley del servicio civil, norma que en opinión de sus mentores propone la inclusión en un régimen único a los más de 500 mil servidores públicos de las tres modalidades laborales de contratación (D.L. 276, D.L. 728 y CAS-Contrato Administrativo de Servicios).
Ese mismo día diversos gremios de trabajadores estatales paralizaron sus labores en rechazo al proyecto de Ley del Servicio Civil. Esto generó que luego de largas horas de discusión, su aprobación su suspenda, también el CGTP ha suspendido sus movilizaciones.
Para entender el espíritu y los alcances de esta ley voy a compartir los vertido por los que están a favor y en contra, los defensores de esta ley destacan que esta iniciativa, figura el fomento de la meritocracia dentro del Estado a través de una gestión por resultados. Alfonso García Miró, presidente de la Confiep, ha expresado que confía que este sistema de evaluación va a conllevar no solo la creación de una línea de carrera dentro del Estado, sino también hará del sistema público una plaza atractiva para muchos profesionales.
Por otro lado, Winston Huamán, secretario general de la Confederación Intersectorial de los Trabajadores Estatales, ha precisado que los trabajadores estatales están de acuerdo en la necesidad de ordenar las formas de contratación dentro del Estado a través de una norma y que además los trabajadores están a favor de una reforma que busque mejorar el servicio que brindan y que aceptan la capacitación constante; también ha aclarado que el desorden en las contrataciones de los trabajadores no es responsabilidad de los trabajadores, aunque subrayo, que son los que sufren las inequidades en la administración pública.
Las sospechas de los trabajadores sobre despidos masivos y reducción de derechos tiene que ser despejada, por lo menos en cuanto a dos preocupaciones básicas, mantener la estabilidad en el empleo, y la preservación de derechos adquiridos por los trabajadores que tiene incluso reconocimiento constitucional e internacional. Hay que tomar en cuenta que la propia OIT se ha pronunciado sobre la “ley servir”, a través de un informe técnico a la PCM, Congreso, MTPE y Servir, donde advierte de las carencias del proyecto del Ejecutivo en perjuicio de los trabajadores estatales, indicando que encuentra desequilibrio y a la vez sugiere realizar las consultas oportunas con los actores sociales.
Así como los empresarios reclaman “seguridad” para su inversión y “garantías” para su aporte al desarrollo. Los trabajadores necesitan un mínimo de estabilidad que les permita mirar con confianza el mañana y proyectar su horizonte de vida para beneficio propio y de sus familias. Y que si es despedido sea por causa justificada, precisada por la ley, en el marco del respeto a un elemental procedimiento administrativo. El desarrollo y modernidad no puede anidar caprichos ni abusos que lleven, por ejemplo, a patrones a privar del puesto de trabajo a un servidor por adherirse a un sindicato o participar en una huelga.
No esta mal que el Estado busque imponer la “calidad del trabajo”, lo que esta mal es que no se ponga en igualdad de tratativa la calidad de vida de los trabajadores, sin embargo me parece bien que los trabajadores suspendieran la huelga y que los congresistas resolvieran suspender el debate de la norma para buscar “acuerdos de consenso” que tomen en cuenta, algo básico y elemental: calidad de trabajo vs calidad de vida.