Independientemente de los grandes desaciertos ya conocidos por el ex mandatario Alberto Fujimori, es quizá el Presidente que, junto a Fernando Belaúnde Terry, más atención le brindara a la zona oriental o amazónica del país.
Esa mirada visionaria de ambos presidentes respecto a esta vasta y agreste zona del Perú ha traído desde luego cosas positivas, pero también ha traído las últimas décadas una transformación social, económica y cultural impulsada por la migración costeña y sobre todo andina que encuentra en zonas como San Martín una fuente “aparentemente inagotable” de recursos.
Por lo general, la idea que trae el migrante andino es el aprovechamiento de la mayor cantidad de “tierras ociosas” existentes en la Amazonía y ello implica desde luego la deforestación de bosques sin advertir las consecuencias funestas a lo que esto conllevaría.
En San Martín se estima que los últimos 10 años han sido talados un aproximado de 250 mil hectáreas de bosques, generando una grave pérdida de la denominada cobertura ambiental; sin embargo, frente a esto no existe hasta la fecha una eficaz política de protección ambiental por parte de los últimos gobiernos regionales de turno, ni menos aún por los gobiernos distritales.
La situación es realmente grave, más aún si tenemos en cuenta que nuestra región es una de las más deforestadas del Perú, lo cual pone la valla bastante alta para nuestros gobernantes regionales y locales; en virtud de ello, se debe generar entre otras cosas no menos importantes, un engranaje entre lo económico y lo ambiental más aún en tiempos en los que el uso de tecnologías limpias no puede ser una excepción sino una regla.
Mientras en el escenario nacional nuestra región es una de las que encabeza esta lista “contra-ambiental”, en el plano interno algunas de las provincias más deforestadas están en la parte sur, específicamente en las provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres, en donde el 80% de los bosques deforestados son para fines agropecuarios, cuyos efectos negativos se dejan ver en algunas quebradas como la de Juanjuicillo (Juanjuí) que hoy luce infelizmente casi seca.
Es verdad que la Ley de Gobiernos Regionales faculta a estos a formular, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, pero eso no será suficiente si no se busca aliados estratégicos para la lucha en defensa de nuestros bosques y recursos en general. Desde mi posición, considero que dos serían las instituciones aliadas inmediatas; por un lado el Ministerio Público y por otro lado la Marina de Guerra del Perú, la primera a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental que cumpliría no sólo un rol sancionador sino de prevención frente a delitos ambientales y la segunda a través de un Puesto de Control Fluvial.
Lamentablemente la Fiscalía especializada sólo tiene sede en la ciudad de Moyobamba y la Marina no se anima a establecerse también en Juanjuí, dejando al sur de la región prácticamente a su suerte.
De ahí la necesidad de que la parte sur de San Martín, a la par del proceso de descentralización, cuente lo más pronto posible con una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental con sede en el Distrito de Huicungo, a cuya jurisdicción pertenece el Parque Nacional del Río Abiseo y el Complejo Arqueológico del Gran Pajaten. Pero también existe la necesidad de contar con un Puesto de Control a cargo de la Marina de Guerra que contribuya en la lucha por la vida y la conservación de los frágiles ecosistemas del alto y bajo Huallaga. Salvo sugerencia distinta.