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martes, febrero 7, 2023

Constructoras dieron 15 millones de dólares para coimas a Toledo

El equipo especial del caso Lava Jato decidió ampliar la investigación preparatoria contra los entonces representantes de diversas empresas nacionales que formaron consorcio con Odebrecht en el caso de la Interoceánica Sur, en el que está incluido el expresidente Alejandro Toledo .

Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet y Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., que, según la Fiscalía, cedieron en favor de la constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. US$15 millones de sus utilidades en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, para el soborno de US$20 millones solicitado por Toledo.

Graña y Montero S.A.A. cedió US$6 millones, JJC Contratistas US$5 millones, mientras que Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. US$3 millones.

La fuente informó que la referida cesión de utilidades fue refrendada en las actas de Junta General de Accionistas bajo la existencia de supuestos “riesgos adicionales” y/o “mayores riesgos” que habrían asumido las constructoras brasileñas en la ejecución de las obras de construcción y en la obtención de los resultados.

De esta manera, quedaron en calidad de investigados los entonces representantes José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña.

A través de un video difundido por el Ministerio Público, el fiscal Hamilton Castro –a cargo del citado grupo de trabajo– explicó que se tomó esta medida como consecuencia de “un paciente trabajo de corroboración” en el marco del proceso especial de Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en el Perú. El fiscal Sergio Jiménez, integrante del equipo, explicó que los mencionados empresarios son investigados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

En tanto, el fiscal Javier López, también del grupo Lava Jato, dijo que las versiones de los colaboradores no pueden ser usadas de manera directa, sino que tienen que ser corroboradas con pericias, documentación contable y financiera, entre otras pruebas.

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