La otra cara del modelo que impulsó la Ley Agraria
Necesitamos una ley que impulse la inversión, sí, pero también que proteja el capital natural del país y promueva justicia territorial.
Por: Beto Cabrera Marina.
El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, ha resaltado el papel transformador de la antigua Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360), la cual, entre el 2000 y el 2020, potenció el crecimiento vertiginoso de las agroexportaciones peruanas. Es cierto: pasamos de exportar menos de US$ 400 millones a casi US$ 12 mil millones, y con ello se generaron empleos y desarrollo en regiones como Ica, La Libertad, Piura y Lambayeque.
Sin embargo, la pregunta que no podemos dejar de hacer es: ¿a qué costo?
Mientras se celebra el “milagro agroexportador”, en otras regiones del país – como San Martín, Ucayali, Loreto o Madre de Dios – se vive una realidad distinta: avance de la frontera agrícola sin planificación, tráfico de tierras, deforestación imparable, pérdida de biodiversidad, tráfico ilegal de madera y una presión creciente sobre áreas naturales protegidas y cabeceras de cuenca. Todo esto en nombre de un modelo de crecimiento que no ha demostrado ser equilibrado ni sostenible.
Hoy, que el Congreso debate una nueva versión de la Ley de Promoción Agraria, es imprescindible que se escuchen no solo las voces de los gremios empresariales, sino también las de los colegios profesionales, los científicos, las comunidades campesinas y nativas, y los intelectuales. El Perú necesita una política agraria moderna, sí, pero no una que repita los errores del pasado.
El Perú no puede seguir creciendo de espaldas a su Amazonía
Necesitamos equilibrio: crecimiento con conservación, inversión con derechos, productividad con justicia social.
Propuestas hay, gremios y colectivos técnicos han planteado alternativas viables: incentivos diferenciados para zonas de alta biodiversidad, límites claros al uso de suelos frágiles, fortalecimiento de la zonificación ecológica y económica, inversión en agroforestería y cadenas productivas sostenibles, además de políticas efectivas para enfrentar el cambio climático y la pobreza extrema, especialmente en la sierra y la selva.
El país no puede seguir creciendo de espaldas a sus bosques y ríos.
Si realmente queremos repetir “la historia del arándano”, hagámoslo bien: respetando nuestros ecosistemas y garantizando que ningún peruano quede fuera del desarrollo.
Esa narrativa de éxito se tambalea cuando bajamos la mirada al suelo amazónico y vemos lo que está ocurriendo en regiones como San Martín.
En esta región, que durante décadas fue símbolo de reconversión productiva, hoy se libra una batalla silenciosa entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. La presión por expandir la frontera agrícola – muchas veces sin control ni planificación – ha provocado un alarmante proceso de deforestación. El tráfico ilegal de tierras se ha vuelto moneda corriente, los bosques primarios son talados para instalar monocultivos, y el Estado no llega con la fuerza suficiente para ordenar este desmadre.
La paradoja es clara: mientras unos celebran las cifras en dólares, otros enfrentan los efectos colaterales. ¿Dónde quedan las cabeceras de cuenca, las áreas naturales protegidas, los pueblos indígenas y campesinos que dependen del bosque para sobrevivir? ¿Qué se está haciendo por los miles de pequeños productores que siguen sumidos en la pobreza extrema, sin acceso a riego tecnificado, caminos ni créditos justos?
En San Martín existen múltiples experiencias exitosas de agricultura familiar sostenible, manejo forestal comunitario, agroforestería y bioeconomía. Pero estos modelos no reciben ni la promoción ni el respaldo legal que se ofrece a las grandes agroexportadoras. ¿Por qué no apostar por un desarrollo más equilibrado, donde los incentivos estatales se enfoquen también en conservar, restaurar y aprovechar de manera sostenible nuestros ecosistemas?
Hay alternativas: desde una zonificación ecológica-económica efectiva, hasta la promoción de cadenas productivas basadas en especies nativas y mercados verdes. Porque no puede haber un verdadero “milagro agroexportador” si para alcanzarlo al otro lado, en las otras regiones destruimos los bosques, envenenamos los ríos o desplazamos a las comunidades.
La nueva ley debe incluir zonificación ecológica, protección de cabeceras de cuenca, y apoyo a modelos sostenibles como la agroforestería.
La ley que se propone no puede ignorar el rostro ambiental y social de la selva. Necesitamos incentivos diferenciados, respeto por los territorios frágiles, y una apuesta real por modelos sostenibles. No se trata de frenar el crecimiento, sino de equilibrarlo. El verdadero milagro será lograr que el desarrollo llegue sin destruir los bosques ni excluir a los más vulnerables.
Convencido que el desarrollo debe ser diverso, resiliente y con rostro humano, dialoguemos.