Javier Díaz Orihuela cuestiona la permanencia del dirigente Julio Chávez Chiong al frente del partido en medio de una sentencia judicial y de un escenario político nacional marcado por la inestabilidad.

En un contexto político marcado por la fragilidad institucional y la cercanía de las Elecciones Generales de 2026, el analista Javier Díaz Orihuela cuestionó la situación interna de Acción Popular, histórico partido fundado en 1956 por el expresidente Fernando Belaúnde, al considerar que atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria.

Según Diaz Orihuela, la crisis política que vive el país – reflejada en la vacancia de tres presidentes en los últimos cinco años – agrava el impacto de los conflictos internos en los partidos. En ese marco, sostiene que la situación de Acción Popular podría anticipar problemas similares en otras agrupaciones que participan en el proceso electoral.

El centro de la controversia es la situación del presidente de Acción Popular, Julio Chávez Chiong, quien fue sentenciado a casi tres años de pena privativa de libertad suspendida por el delito contra la Administración Pública – Omisión de Denuncia, previsto en el artículo 407 del Código Penal, en agravio del Estado – Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. Los hechos corresponden a su gestión como alcalde de San Martín de Porres entre 2019 y 2022.

De acuerdo con Javier Díaz Orihuela, esta sentencia implica que el dirigente está inhabilitado para postular a cargos públicos electivos, y además, desde una perspectiva ética, su permanencia al frente del partido resulta cuestionable. Orihuela recuerda que este caso se suma a otros procesos judiciales acumulados desde su etapa como gerente municipal en un distrito de Tarapoto, en la región San Martín.

La crisis se profundiza porque Julio Chávez Chiong ha rechazado el pedido de renuncia formulado por el Plenario Nacional, así como por el Comité Político, dirigentes y secretarios generales departamentales. Según el análisis, el dirigente buscaría mantenerse en el cargo hasta el final de su mandato y recién entonces convocar elecciones internas para reorganizar el partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para Javier Díaz Orihuela, la permanencia del dirigente refleja una grave falta de “ética de la responsabilidad política”, entendida como la capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos en la vida pública.

Advierte además que la situación tiene implicancias electorales. Acción Popular cuenta con alrededor de 280 mil afiliados, lo que la convierte en un aliado potencial en las próximas elecciones municipales y regionales. Sin embargo, advierte que eventuales alianzas – especialmente en Lima Metropolitana – podrían implicar que aspirantes acciopopulistas con trayectoria deban ceder sus candidaturas, repitiendo sacrificios políticos dentro del partido.

Para el autor, la crisis actual refleja un problema más amplio de la política peruana: la dificultad de algunos dirigentes para asumir responsabilidades y priorizar el interés institucional por encima de los intereses personales.