En Picota. Otra obra de saneamiento en San Martín salpicado de corrupción

Mientras tanto, los más afectados siguen siendo los pobladores que esperaban agua digna en sus hogares. Ojalá la Fiscalía Anticorrupción actúe con firmeza y celeridad.

La historia del proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Picota vuelve a poner en evidencia una constante que golpea a la región: obras públicas concebidas para cerrar brechas sociales que terminan atrapadas en redes de presunta corrupción, ineficiencia y abandono. Lo que debió convertirse en una solución estructural para miles de familias hoy es, en cambio, símbolo de frustración colectiva y millonario perjuicio económico.

El proyecto, adjudicado el 2 de abril de 2018 al Consorcio Picota por un monto de S/48,880,000.00 sin IGV, con financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, prometía transformar la calidad de vida de localidades como Villa Nueva, Pucacaca, Chincha Alta, Shimbillo, Nuevo Codo, Santa Rosillo, San Antonio, Nueva Unión, Winge, Caspizapa, Puerto Rico y San Hilarión. Sin embargo, el avance de la obra pronto empezó a desdibujar ese objetivo.

Durante su ejecución, el consorcio recibió cuantiosos recursos por concepto de adelantos: S/ 4,888,000.00 como adelanto directo y S/ 9,776,000.00 para la adquisición de materiales. La obra inició formalmente el 23 de octubre de 2018 y debía concluir el 14 de abril de 2020, pero entre ampliaciones de plazo, suspensiones y paralizaciones, se extendió hasta septiembre de 2022, sin lograr siquiera la mitad de su ejecución.

El dato es contundente: apenas se alcanzó un 49.05% de avance físico, dejando inconclusa una infraestructura esencial para el acceso a servicios básicos. Frente a este escenario, la Municipalidad Provincial de Picota decidió resolver el contrato mediante la Resolución de Alcaldía N° 457-2022-MPP, argumentando incumplimiento contractual del Consorcio Picota. La obra pasó entonces a formar parte del Programa de Obras Paralizadas del propio ministerio, engrosando una lista que refleja una crisis estructural en la gestión pública.

Pero el capítulo más grave se revelaría posteriormente. En la gestión municipal 2023-2026, un peritaje técnico-financiero destapó un presunto perjuicio económico ascendente a S/ 20,801,994.56, una cifra que golpea no solo las arcas del Estado, sino la esperanza de miles de ciudadanos. El informe detalla irregularidades como valorización de partidas no ejecutadas, penalidades no aplicadas, falta de cartas fianza, y la no amortización de adelantos, configurando un patrón de gestión negligente o deliberadamente irregular.

Según nuestras fuentes, las responsabilidades, según las primeras acciones administrativas, alcanzarían a exautoridades y funcionarios como Juan Dedicación Tocto Pilco (exalcalde), Yone Paulino Diestra (exgerente municipal), Juan Manuel Morales Rojas (exgerente de Infraestructura), Patrick Henry Arévalo Meléndez (extesorero) y Norbil Iván Becerra Hernández, representante del consorcio ejecutor.

La actual administración ha anunciado el inicio de acciones administrativas, civiles y penales, trasladando el caso a instancias como el Órgano de Control Institucional, la Procuraduría Pública, la empresa EMAPA San Martín S.A., el Ministerio Público (a través de la Fiscalía Anticorrupción) y la Procuraduría Anticorrupción.

Mientras tanto, la obra sigue inconclusa. Lo que permanece intacto es la necesidad urgente de acceso a agua potable y saneamiento digno para una población que, pese a las millonarias inversiones comprometidas, continúa dependiendo de sistemas precarios. En ese contraste —entre el dinero ejecutado y la obra inexistente— se refleja una deuda histórica del Estado con su gente.

Hoy, más allá de los expedientes técnicos, los informes periciales y las responsabilidades legales en curso, el verdadero rostro de este caso está en los hogares que siguen esperando agua limpia. Porque detrás de cada cifra hay familias, niños y comunidades enteras que continúan postergadas. Y en esa espera, la indignación crece con una pregunta que se repite: ¿hasta cuándo?