Hasta hace pocos años, cuando una empresa evaluaba una inversión, las preguntas eran relativamente simples: ¿existen recursos?, ¿el proyecto es rentable?, ¿hay mercado para lo que se producirá?

Hoy esas preguntas ya no bastan.

El mundo comienza a incorporar un nuevo lenguaje para decidir dónde invertir. Los bancos, los fondos de inversión y los mercados ya no observan únicamente la rentabilidad de un proyecto. También buscan comprender qué riesgos enfrenta, cómo se gestionan y qué tan preparado está para sostenerse en el tiempo.

Por eso empiezan a aparecer palabras poco conocidas fuera de los círculos especializados: trazabilidad, verificación, métricas financieras, materialidad o taxonomías. Aunque suenen complejas, todas responden a una misma necesidad: generar información confiable que permita reducir la incertidumbre antes de invertir.

En el fondo, el cambio es mucho más profundo de lo que parece.

Durante muchos años la sostenibilidad se entendió principalmente como el cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales. Hoy empieza a verse también como un factor que puede reducir riesgos, fortalecer la confianza y mejorar la viabilidad de proyectos de largo plazo.

Ese cambio merece ser comprendido.

Sin embargo, mientras escuchaba este nuevo lenguaje, surgió una pregunta que considero especialmente importante para regiones como San Martín:

¿Quién mide la salud del territorio?

No me refiero únicamente al estado de conservación de un bosque o de una cuenca. Hablo de la capacidad que tiene un territorio para sostener determinadas actividades sin comprometer el agua, la biodiversidad, la seguridad de la población o las oportunidades de las futuras generaciones.

Aquí es donde nuestra región posee una experiencia que pocas veces ponemos en valor.

Durante más de veinte años, San Martín ha construido información para conocer mejor su territorio mediante la Zonificación Ecológica y Económica, la Zonificación Forestal, estudios de riesgos y otros instrumentos de planificación. Su propósito nunca fue impedir el desarrollo, sino responder una pregunta esencial: ¿qué actividades son compatibles con cada espacio y cuáles podrían afectar las funciones ecológicas que sostienen el bienestar de la población?

Mientras las nuevas herramientas financieras buscan medir el riesgo de los proyectos, el ordenamiento territorial aporta información para comprender el riesgo del propio territorio.

No son enfoques opuestos. Son dos escalas de una misma decisión. Una evalúa la viabilidad del proyecto; la otra, la capacidad del territorio para sostenerlo. Y ambas deberían dialogar.

La transición energética demandará más cobre, más infraestructura eléctrica, nuevas fuentes de energía y mayores inversiones. Todo indica que esa tendencia continuará durante las próximas décadas. Pero esa velocidad no debería llevarnos a olvidar que el territorio también tiene límites, funciones ecológicas y capacidades que deben ser comprendidas antes de decidir cómo aprovecharlo.

El desafío no consiste en elegir entre desarrollo o conservación. Consiste en integrar ambos lenguajes para tomar mejores decisiones.

San Martín posee una fortaleza construida durante años: conocer mejor su territorio. El siguiente paso será lograr que ese conocimiento dialogue con las nuevas formas de evaluar las inversiones, sin perder su esencia ni el propósito para el cual fue construido.

Porque el desarrollo no depende únicamente de atraer inversiones. Depende, sobre todo, de que las inversiones correctas se desarrollen en los territorios correctos.

Y quizás la verdadera pregunta que el Perú deberá responder en los próximos años no sea cuánto podemos invertir, sino qué tan saludable debe estar un territorio para sostener ese desarrollo sin hipotecar su futuro.