Más de la mitad de la población aún no cuenta con servicios básicos, una situación directamente relacionada con enfermedades, desnutrición y mala calidad de vida.

Mientras las cifras oficiales muestran una reducción de la pobreza monetaria, la realidad cotidiana revela un problema más profundo: obras paralizadas, servicios básicos deficientes y miles de familias que siguen viviendo sin agua potable ni saneamiento. La gran pregunta es si realmente estamos avanzando o simplemente maquillando estadísticas.

Aunque las estadísticas oficiales muestran una reducción de la pobreza en la región San Martín, la situación social y de infraestructura básica continúa siendo alarmante. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la tasa de pobreza en la región pasó de 41.7% en 2024 a 35.6% en 2025, una disminución importante en términos porcentuales, pero insuficiente frente a las enormes brechas que aún afectan a miles de familias sanmartinenses.

Uno de los indicadores más preocupantes es el acceso a los servicios básicos de agua y desagüe. En el año 2024, San Martín se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional con mayores deficiencias en cobertura de saneamiento. Las cifras evidencian un avance casi imperceptible: mientras en 2019 el acceso a agua y desagüe mediante red pública alcanzaba apenas el 49.4%, para el 2025 llegó solo al 51.6%. Esto significa que más de la mitad de la población de la región aún no cuenta con servicios básicos adecuados, una situación directamente relacionada con enfermedades, desnutrición y mala calidad de vida.

La problemática también se refleja en las condiciones de vivienda. Aunque la tasa de privación en esta dimensión disminuyó del 46.4% al 32.4% entre 2010 y 2025, el progreso registrado durante el último año ha sido mínimo. Incluso, es la única dimensión social que presenta una situación peor respecto al 2019, cuando la privación era del 32%. El retroceso se explica principalmente por la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos universales.

A nivel nacional, la situación tampoco es alentadora. Entre 2019 y 2025, la cobertura de agua potable por red pública cayó del 89.8% al 88.1%, dejando sin acceso a aproximadamente 820 mil peruanos, según estimaciones de la Enaho. Del mismo modo, el acceso a desagüe se redujo del 73.3% al 71.7%, afectando a cerca de 1.1 millones de personas. En total, 14 de los 24 departamentos del país registraron retrocesos en el acceso al agua potable.

Especialistas coinciden en que reducir la pobreza multidimensional debe convertirse en una prioridad del próximo Gobierno. Resulta inadmisible que, en pleno siglo XXI, las brechas de agua y saneamiento sigan aumentando debido al abandono de obras públicas, la mala gestión estatal y la ineficiencia de las empresas prestadoras de servicios.

El deterioro de la infraestructura pública y la paralización de proyectos son parte central del problema. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) estimó que durante el 2024 las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) perdieron el 38.5% del agua producida, debido a fugas, tuberías antiguas, infraestructura deteriorada y problemas comerciales relacionados con medidores y facturación.

La situación ya había sido advertida por la Contraloría General de la República. El 28 de junio de 2024, el entonces contralor Nelson Shack informó que en San Martín existían 40 obras públicas paralizadas, con un costo actualizado de inversión de S/ 436 millones, requiriéndose todavía un saldo de S/ 211 millones para culminarlas.

De ese total, 10 obras correspondían al Gobierno Nacional, 4 al Gobierno Regional y 26 a los gobiernos locales. En aquella oportunidad, Shack fue contundente al señalar que el problema no solo obedecía a presuntos actos de corrupción, sino también a la “incompetencia e ineficiencia” en la elaboración de expedientes técnicos.

“Todo el Perú está plagado de obras paralizadas y no es un problema solo de corrupción, sino que abarca obras con expedientes técnicos mal hechos, sin estudios de suelo o sin saneamiento físico legal de terrenos. Cuando los expedientes están mal hechos, todo al final sale mal”, afirmó el ex contralor Nelson Shack.

Asimismo, indicó que destrabar las obras paralizadas requería un esfuerzo conjunto entre el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y las autoridades responsables del Gobierno Regional y alcaldes de cada proyecto. Los funcionarios de la Contraloría realizaron inspecciones para verificar el estado real de las obras y actualizar la información del sistema INFOBRAS.

Sin embargo, a casi dos años de aquel informe, persisten las interrogantes: ¿cuántas de esas obras fueron realmente culminadas?, ¿cuántas continúan abandonadas?, ¿cuántas nuevas obras se han paralizado en los últimos meses?

La reducción de la pobreza monetaria puede representar un alivio estadístico, pero la realidad diaria de miles de familias en San Martín demuestra que el verdadero desarrollo aún está pendiente. Sin agua potable, sin saneamiento y con obras inconclusas, hablar de progreso resulta todavía una promesa lejana. Fuentes: INEI – Contraloría General de la República