Ante la creciente presión de la minería ilegal e informal en la Amazonía

En un escenario marcado por la crisis climática, la expansión de la minería ilegal y la creciente presión sobre la Amazonía, los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expusieron sus propuestas ambientales de cara a la segunda vuelta electoral. El diálogo dejó en evidencia coincidencias, diferencias y el enorme desafío que tendrá el próximo gobierno para convertir las promesas en políticas concretas.

A pocos días de que millones de peruanos acudan nuevamente a las urnas para definir quién conducirá los destinos del país durante los próximos cinco años, la agenda ambiental logró ocupar un espacio central en el debate político. Lejos de los tradicionales enfrentamientos sobre economía o seguridad, esta vez la atención estuvo puesta en la protección de la Amazonía, la lucha contra la minería ilegal, la defensa de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de resguardar los recursos naturales.

Ese fue el eje de la segunda edición del Diálogo Ambiental Electoral 2026, un encuentro que reunió a representantes técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, quienes expusieron sus principales propuestas frente a los desafíos ambientales que marcarán el periodo de gobierno 2026-2031.

La actividad fue impulsada por destacadas organizaciones vinculadas al desarrollo sostenible y la gestión ambiental, entre ellas GRADE, el Instituto Bartolomé de las Casas (IBC), IRI-Perú, SUMA+, el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El objetivo fue promover un debate informado y transparente sobre una problemática que cada año adquiere mayor relevancia en el país.

En representación de Fuerza Popular, participó Carlos Paredes, mientras que por Juntos por el Perú asistieron Catherine Eyzaguirre y Libertad Casavilca, quienes desarrollaron las propuestas de sus respectivas agrupaciones ante especialistas, líderes sociales y representantes de organizaciones ambientales.

Uno de los primeros temas abordados fue la política ambiental nacional. Desde la visión de Carlos Paredes, el desarrollo económico y la protección ambiental no deben ser considerados objetivos contrapuestos. Por ello, planteó una estrategia basada en la articulación entre crecimiento económico, sostenibilidad y desarrollo territorial, impulsando la inversión privada responsable, la ampliación de la presencia estatal en las regiones, el fortalecimiento de los sistemas agroforestales, la reforestación, el turismo sostenible y el aprovechamiento de los mercados de carbono.

Por su parte, Catherine Eyzaguirre sostuvo que la gestión ambiental debe convertirse en una política transversal dentro del Estado. En esa línea, propuso fortalecer el ordenamiento territorial, incrementar la asignación de recursos públicos para la gestión ambiental, crear un fondo nacional destinado a proyectos ambientales estratégicos y establecer un observatorio de ordenamiento territorial que permita una mejor planificación del uso de los recursos y del territorio.

El debate se tornó especialmente intenso cuando se abordó la problemática de la Amazonía y la minería ilegal, dos de los desafíos más complejos que enfrenta actualmente el país.

Desde Fuerza Popular, se planteó reforzar la presencia del Estado en zonas vulnerables, mejorar los sistemas de trazabilidad de los minerales, fortalecer el control sobre el uso de explosivos y promover alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales mediante la agroforestería, el manejo forestal, los cultivos sostenibles, la infraestructura y la conectividad.

En contraste, Juntos por el Perú enfatizó la necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial y forestal, impulsar el manejo forestal comunitario, establecer una moratoria a los monocultivos industriales en la Amazonía, ampliar el acceso a servicios básicos y promover la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, considerado uno de los instrumentos internacionales más importantes para garantizar la protección ambiental y el acceso a la información.

Otro de los temas centrales fue la protección de las áreas naturales protegidas, espacios estratégicos para la conservación de la biodiversidad y la seguridad hídrica del país.

Durante este bloque, Libertad Casavilca señaló que la defensa de estos territorios debe construirse desde una visión integral que considere los derechos de las comunidades locales, los pueblos indígenas y las poblaciones que mantienen vínculos históricos con dichos espacios. Asimismo, planteó la necesidad de regular de manera más equitativa los conflictos vinculados al uso de recursos naturales y promover una economía territorial que distribuya de manera más justa los beneficios derivados del desarrollo y de los servicios ecosistémicos.

Por su parte, Carlos Paredes propuso fortalecer al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), mejorando su equipamiento y capacidad operativa. Entre las medidas planteadas destacó la incorporación de herramientas tecnológicas como el monitoreo en tiempo real, el uso de imágenes satelitales, drones e incluso sistemas de inteligencia artificial para detectar y enfrentar actividades ilegales como invasiones, tala y minería clandestina.

La situación de los pueblos indígenas también ocupó un lugar prioritario dentro del encuentro. En este aspecto, Fuerza Popular planteó fortalecer la presencia estatal para garantizar servicios básicos, seguridad, salud, educación, conectividad, fiscalización ambiental y acceso a la justicia. Además, propuso implementar de manera articulada la recientemente aprobada Política Nacional para los Pueblos Indígenas al 2040, respetando los mecanismos de consulta previa.

Mientras tanto, Juntos por el Perú sostuvo que cualquier estrategia de desarrollo debe partir del reconocimiento de derechos y del respeto a las autonomías de los pueblos indígenas. Entre sus propuestas destacó el fortalecimiento de la participación política de los pueblos originarios, la población afroperuana y los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), así como la creación de un Plan Nacional de Seguridad Territorial.

El último bloque estuvo dedicado a la institucionalidad y la justicia ambiental, aspectos considerados fundamentales para combatir la impunidad frente a los delitos ambientales.

En este punto, Carlos Paredes planteó impulsar una reforma del sistema de justicia que permita fortalecer la fiscalización ambiental, mejorar la interoperabilidad entre entidades públicas y asignar mayores recursos a las fiscalías y juzgados especializados en delitos ambientales.

Por su parte, Libertad Casavilca reafirmó la propuesta de adhesión al Acuerdo de Escazú, argumentando que este mecanismo contribuiría a mejorar el acceso a una justicia ambiental e intercultural efectiva y fortalecer la protección de defensores ambientales y líderes indígenas que enfrentan amenazas por su labor en defensa de los territorios.

El encuentro fue moderado por Mariano Castro, de GRADE, mientras que cada una de las sesiones temáticas estuvo a cargo de especialistas como Laura Vargas de IRI-Perú, Pedro Solano de SUMA+, Marleni Canales de Aidesep e Isabel Calle de la SPDA.

Más allá de las diferencias programáticas expuestas durante la jornada, el diálogo dejó una conclusión clara: la agenda ambiental ya no puede seguir siendo un tema secundario en la política peruana. La protección de la Amazonía, la lucha contra las economías ilegales, la conservación de la biodiversidad y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas aparecen hoy como factores decisivos para garantizar la sostenibilidad, la gobernabilidad democrática y la reducción de la pobreza.

Con la segunda vuelta cada vez más cerca, los compromisos expresados por ambas fuerzas políticas quedan registrados ante la ciudadanía. El reto para quien resulte elegido será transformar estas propuestas en acciones concretas capaces de responder a una de las mayores demandas del siglo XXI: construir un desarrollo que no comprometa el futuro ambiental del Perú.