La administración municipal asegura que trabaja para superar una cadena de conflictos heredados que hoy ponen a prueba la capacidad de respuesta del gobierno local. La crisis deja una lección para la ciudadanía: elegir con responsabilidad a sus autoridades es fundamental. La improvisación y las malas decisiones terminan afectando directamente el desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.
La Municipalidad Provincial de Moyobamba atraviesa uno de los momentos administrativos más complejos de los últimos años. El alcalde Ing. Ernesto Peña Robalino confirmó que la comuna ejecuta una carrera contra el tiempo para retirar bienes, archivos, maquinaria y oficinas antes del cumplimiento del mandato judicial que dispone el desalojo del Campo del Ayaymama, previsto para el 8 de julio a las 3:00 de la tarde. La prioridad, explicó, es evitar que el patrimonio municipal quede expuesto a saqueos, pérdidas de información o daños en equipos.
Como parte del plan de contingencia, la municipalidad ha alquilado un inmueble ubicado en el sector Amor y Paz, donde funcionarán temporalmente las diferentes gerencias distribuidas en tres niveles. Paralelamente, la maquinaria pesada, vehículos y equipos municipales están siendo trasladados al aeródromo de Moyobamba, espacio que ha sido acondicionado para albergar los activos municipales mientras se encuentra una solución definitiva. Sin embargo, el alcalde reconoció que el volumen de bienes y documentación acumulada supera ampliamente la capacidad de los ambientes disponibles, situación que obliga a evaluar incluso la demolición de antiguas oficinas del local central para construir un espacio exclusivo destinado al archivo institucional. En palabras de la autoridad, el local municipal prácticamente ha colapsado frente a las necesidades actuales.
Respecto al futuro del Campo del Ayaymama, Ernesto Peña Robalino informó que continúan las conversaciones con el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) para alcanzar un acuerdo que permita mantener los servicios municipales en ese espacio. La comuna ha planteado dos alternativas: una permuta del terreno o la firma de un convenio de cooperación que permita compartir el uso del predio. El alcalde sostuvo que ambas instituciones cumplen funciones sociales dirigidas a la población vulnerable y que existe disposición para encontrar una salida consensuada una vez ejecutado el mandato judicial. No obstante, precisó que, una vez concretado el desalojo, la responsabilidad total del inmueble recaerá en el INABIF.
El burgomaestre recordó que el primer proceso de desocupación ya dejó consecuencias negativas para la municipalidad. Señaló que se perdió la infraestructura donde se realizaban los exámenes para licencias de conducir, además de registrarse daños, desconexión de equipos y pérdida de información administrativa, afectando la atención a los usuarios del servicio de transporte. Actualmente, indicó, la gestión trabaja para recuperar los archivos y restablecer plenamente los servicios.
Consultado sobre el origen de esta situación, Peña Robalino fue enfático en señalar que la actual administración asume tanto los activos como los pasivos heredados de la gestión del exalcalde Gastelo Guamán. Explicó que la Procuraduría Municipal viene realizando las acciones correspondientes, pues el conflicto judicial se originó por la construcción de infraestructura municipal en terrenos que no pertenecían legalmente a la comuna, situación que terminó desencadenando el proceso judicial que hoy obliga al desalojo.
Durante la entrevista también respondió a las críticas surgidas por la autorización de una actividad festiva en el Campo del Ayaymama, pese a que inicialmente se había anunciado que no se permitirían eventos durante la 52 Semana Turística de Moyobamba. El alcalde explicó que, mientras la administración del predio continuaba bajo responsabilidad municipal y ante la inexistencia de otro espacio disponible, se autorizó su utilización únicamente por un día. Reconoció, además, que existen conflictos con vecinos del sector FONAVI II, aunque sostuvo que este tipo de discrepancias suelen presentarse en diferentes proyectos de desarrollo de la ciudad.
Más allá del problema del desalojo, la autoridad municipal reconoció que Moyobamba necesita con urgencia un Plan de Desarrollo Urbano que permita ordenar el crecimiento de la ciudad y evitar nuevos conflictos por el uso del suelo. Informó que el proceso ya se encuentra en marcha con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, institución que brinda asistencia técnica para elaborar este importante instrumento de planificación.
A la compleja situación administrativa se suma un nuevo golpe económico para las finanzas municipales. El alcalde informó que recientemente la comuna recibió una multa de S/ 80,000, relacionada con incumplimientos en materia ambiental. Según explicó, esta sanción tiene su origen en una gestión deficiente atribuida al regidor Ronald Gárate, lo que representa una nueva carga para una administración que, según afirmó, continúa resolviendo problemas heredados mientras aparecen nuevas contingencias.
Finalmente, Ernesto Peña Robalino reveló otro de los grandes dolores de cabeza para la municipalidad: el funcionamiento del camal o matadero municipal. Señaló que el establecimiento genera más inconvenientes que beneficios económicos, por lo que la comuna evalúa seriamente entregarlo en concesión o proceder a su cierre, decisión que será analizada considerando los impactos sanitarios, económicos y administrativos.
La entrevista deja al descubierto una realidad compleja para Moyobamba. Desalojos judiciales, infraestructura insuficiente, conflictos por la propiedad de terrenos, pérdida de información, multas ambientales, servicios municipales en crisis y la ausencia histórica de una adecuada planificación urbana forman parte de una larga lista de problemas que hoy enfrenta la actual gestión. En un contexto electoral, estas evidencias invitan a una profunda reflexión ciudadana. El futuro de la ciudad dependerá, en gran medida, de la capacidad de la población para elegir autoridades preparadas, con visión de desarrollo y experiencia en gestión pública. Moyobamba no puede seguir pagando el costo de la improvisación.
