Con un enorme potencial de desarrollo por delante, la región requiere autoridades con visión de planificación territorial y una ciudadanía comprometida a asumir responsabilidades activas para construir una sociedad segura y sostenible.

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, la región San Martín enfrenta un escenario determinante para definir el rumbo de su desarrollo y tranquilidad pública.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Regional (INCORE 2026), elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la región se sitúa en la posición 18 del ranking nacional, registrando puntajes de 4.2, 4.1, 4.4 y 4.8 en sus evaluaciones operativas y de desempeño. Este estancamiento refleja no solo las severas brechas en servicios públicos, sino también la histórica ausencia de planificación urbana y territorial y la falta de liderazgo en los gobiernos subnacionales, cuyas gestiones han operado de manera reactiva ante el vertiginoso crecimiento demográfico de los últimos años.

La constante población migrante que llega a la región atraída por el dinamismo agrícola y comercial ha generado una presión sin precedentes sobre el territorio sanmartinense.

Sin instrumentos de ordenamiento ambiental e itinerarios de urbanismo controlado, esta expansión informal ha derivado en la ocupación desordenada de espacios vulnerables y en el incremento Alarmante de la deforestación, que históricamente ha ubicado a San Martín entre las regiones con mayores pérdidas de cobertura boscosa en el país según reportes de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente (MINAM) y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).

Frente a esta realidad, resulta urgente exigir a los candidatos al Gobierno Regional de San Martín y a las municipalidades propuestas concretas que incluyan mecanismos de inversión estratégica como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI), destinadas a modernizar la infraestructura de las comisarías y renovar la flota vehicular de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, se debe consolidar la articulación operativa entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante sistemas de información compartidos, garantizando una mayor asignación presupuestal e inteligencia estratégica para combatir el tráfico de tierras, la minería ilegal, la tala indiscriminada y exigir el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) sin nuevas prórrogas.

San Martín posee un potencial económico, ecológico y humano inmenso para crecer y posicionarse como un referente de desarrollo a nivel nacional, pero para lograrlo es imprescindible «ordenar la casa». Esto no dependerá exclusivamente de la voluntad política de las autoridades de turno; exige, ante todo, que la propia población asuma un rol activo, autoorganizado y con verdaderos compromisos sociales en favor de la formalidad, la cultura de paz y la conservación de nuestros recursos naturales. La tarea en San Martín es de tod@s.