El primer mensaje presidencial tiene la oportunidad de mirar más allá del próximo quinquenio. Si el Perú aspira a un desarrollo inclusivo y sostenible, la seguridad, la economía y la gobernabilidad deben incorporar a la Amazonía como un eje estratégico para enfrentar el cambio climático, generar riqueza con valor agregado y reducir las brechas históricas que afectan a millones de peruanos.

El primer mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori no debería limitarse a presentar un plan de gobierno para los próximos cinco años. El país necesita una visión que trascienda los periodos presidenciales y trace una ruta de desarrollo para los próximos 20 o 30 años, sustentada en políticas de Estado, estabilidad institucional y una mirada inclusiva del territorio nacional. En esa visión, la Amazonía peruana no puede seguir ocupando un lugar secundario.

El presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), Jesús Salazar Nishi, sostiene que el Perú tiene la oportunidad de construir un proyecto nacional de largo plazo que permita superar el crecimiento promedio del 3 % del PBI y acercarse al nivel de desarrollo alcanzado por países como Chile y Uruguay. Para ello propone fortalecer el Acuerdo Nacional como espacio de concertación entre el Estado, la empresa privada, la academia, los gobiernos regionales, las organizaciones indígenas y la sociedad civil.

Los tres ejes anunciados para el mensaje presidencial —seguridad ciudadana, reactivación económica y unidad política— son fundamentales, pero resultarán insuficientes si no incorporan una estrategia de desarrollo para la Amazonía, una región que representa cerca del 60 % del territorio nacional, concentra una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta y desempeña un papel decisivo en la regulación del clima, la seguridad hídrica y la conservación de los bosques tropicales.

La seguridad también debe entenderse desde una perspectiva amazónica. No solo implica combatir el crimen organizado, sino enfrentar con decisión la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de fauna silvestre y la ocupación indiscriminada de tierras. Estas economías ilícitas destruyen bosques, contaminan ríos con mercurio, amenazan a las comunidades indígenas y debilitan la presencia del Estado. En ese contexto, el anunciado Comando Unificado Permanente contra el crimen organizado debería incluir una estrategia especializada para los territorios amazónicos, articulando el trabajo del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y las organizaciones locales.

En el plano económico, la Amazonía no debe ser vista únicamente como una fuente de recursos naturales. Su mayor potencial está en la bioeconomía, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la investigación científica, el turismo de naturaleza, la agroforestería, la producción de cacao, café, camu camu, aguaje, sacha inchi, aceites esenciales y otros productos con alto valor agregado. El desafío consiste en transformar la riqueza biológica en oportunidades de empleo e innovación, evitando modelos extractivos que comprometan el patrimonio natural.

La transición hacia una economía sostenible exige también inversiones en infraestructura resiliente, conectividad digital, electrificación con energías renovables, transporte fluvial moderno, educación intercultural, salud de calidad y acceso a servicios básicos. Estas inversiones no solo reducirán las brechas sociales, sino que fortalecerán la competitividad de una región con enorme potencial para atraer inversiones responsables y generar bienestar.

Otro aspecto que no puede quedar fuera del mensaje presidencial es la preparación frente al Fenómeno El Niño y los efectos cada vez más severos del cambio climático. Desde el IDIS se estima que un evento extraordinario podría representar pérdidas cercanas al 2 % del PBI. Frente a este escenario, especialistas plantean convocar a los mejores técnicos del país, junto con el Colegio de Ingenieros del Perú, universidades y centros de investigación, para ejecutar obras de prevención, restauración de cuencas, protección de infraestructura crítica y gestión integral del agua.

La Amazonía también debe convertirse en una prioridad de la política climática nacional. Conservar sus bosques significa proteger las fuentes de agua que abastecen a gran parte del país, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir los compromisos internacionales del Perú en materia ambiental. Pero la conservación solo será sostenible si genera ingresos dignos para quienes viven en el territorio. Por ello resulta indispensable promover mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, mercados de carbono con transparencia, financiamiento verde y cadenas productivas sostenibles que beneficien directamente a las comunidades locales.

El desarrollo amazónico requiere además reconocer el papel de los pueblos indígenas, cuyos conocimientos tradicionales han permitido conservar estos ecosistemas durante siglos. Su participación efectiva en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la titulación de comunidades y el respeto a la consulta previa no deben entenderse como obstáculos para la inversión, sino como condiciones para un desarrollo legítimo, inclusivo y duradero.

El Perú tiene hoy la posibilidad de construir un nuevo pacto nacional. Un pacto que combine crecimiento económico con justicia social, seguridad con institucionalidad y competitividad con sostenibilidad ambiental. Si el mensaje presidencial logra incorporar esta visión de largo plazo, la Amazonía dejará de ser vista como la periferia del país para convertirse en uno de los principales motores del desarrollo, la innovación y la resiliencia frente a los desafíos del siglo XXI. Aquí se juega buena parte del futuro económico, ambiental y social del Perú.