El colapso de la integridad en la gestión pública amenaza el desarrollo subnacional y devora la confianza ciudadana, revelando que el aparato estatal enfrenta una crisis estructural donde la impunidad gana terreno.

Una radiografía alarmante sobre la salud moral del aparato administrativo en el país acaba de ser revelada por el Instituto Peruano de Economía (IPE) a través del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS 2026), confirmando que 12 regiones del Perú presentan un nivel de riesgo alto o muy alto de corrupción y desconfianza. Según esta investigación, el puntaje promedio nacional en el pilar de Desempeño Institucional y Control de la Corrupción alcanza apenas un crítico 4.3 de 10 puntos, evidenciando las severas debilidades que enfrenta el Estado para detectar, sancionar y erradicar las malas prácticas.

En la distribución territorial del estudio, 3 regiones se sitúan en riesgo muy alto, encabezadas por Ayacucho, Huancavelica y Madre de Dios, mientras que 9 regiones figuran en riesgo alto, 11 regiones en riesgo medio-alto y solo 2 regiones en riesgo medio-bajo, registrándose un vergonzoso saldo de 0 regiones en riesgo bajo. El caso de Ayacucho resulta particularmente crítico al registrar el puntaje más bajo del país con apenas 2.7 puntos de 10, ostentando además la mayor tasa de condenas por corrupción con 12.6 sentencias por cada 1,000 trabajadores públicos. A esta frágil capacidad punitiva se suma una dramática escalada en las acciones judiciales: los datos oficiales procesados del Ministerio Público y el INEI demuestran que la tasa de denuncias por corrupción se duplicó entre los años 2018 y 2025, disparándose de 5.2 a 10.9 denuncias por cada 1,000 trabajadores públicos a nivel nacional, registrando un incremento sostenido en 24 de las 25 regiones del territorio peruano.

En este ranking de impunidad, los departamentos de Ucayali y Áncash registraron las cifras más alarmantes de denuncias en el año 2025; en Ucayali la tasa se multiplicó drásticamente al pasar de 3 denuncias en 2018 a 22 denuncias en 2025, mientras que en Áncash saltó de 6 a 19 denuncias por cada 1,000 funcionarios. Le siguen en esta preocupante lista Moquegua con 19 denuncias (manteniendo su nivel de 2018), Ayacucho que subió de 12 a 18 denuncias, y Tumbes que se elevó de 4 a 15 denuncias, siendo Pasco la única excepción del país al lograr reducir su indicador de 24 a 16 denuncias.

Frente a este sombrío panorama donde los trámites de mayor demanda se convierten en focos de opacidad, el IPE advierte sobre la urgencia de implementar mecanismos de trazabilidad digital para fiscalizar cada sol del erario público y frenar el descalabro de las instituciones subnacionales.

¡El dinero robado a la patria es presupuesto arrebatado a la salud, la educación y el progreso de los pueblos; la lucha contra la corrupción exige reformas radicales y sanciones ejemplares para no condenar al Perú a la eterna sombra de la impunidad!