Frente a la multiplicación imparable de los fuegos y el avance de la sequía, el país necesita transitar de la simple atención de emergencias a una estrategia integral basada en fiscalización severa, tecnificación agrícola y protección comunitaria de los bosques.

En lo que va del 2026, la proliferación de 385 incendios forestales registrados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) pone en evidencia una crisis ambiental que exige un giro radical en las políticas públicas delPerú.

La tendencia histórica revelada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) – donde las emergencias por fuego se multiplicaron casi nueve veces en las últimas dos décadas y superaron el récord de 1.962 eventos en el 2024 – demuestra que el país no puede seguir gestionando el desastre de manera reactiva.

Ante los pronósticos del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que prevé déficit de lluvias hasta el verano del 2027, y con más de 2 millones de hectáreas quemadas entre 2019 y 2024 según MapBiomas, es urgente consolidar un marco normativo que endurezca las sanciones penales y administrativas contra la quema no autorizada, impidiendo el tráfico de tierras y la legalización de predios deforestados por fuego.

Esta fiscalización, efectiva y coordinada entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), debe complementarse con incentivos económicos directos y créditos preferenciales para los agricultores que adopten prácticas de conservación y mantengan sus parcelas libres de roza y quema.

La respuesta legislativa y ejecutiva también debe enfocarse en la capacidad operativa sobre el territorio, especialmente en regiones altamente vulnerables como San Martín, donde las llamas amenazan áreas protegidas como el Bosque de Protección Alto Mayo, la Cordillera Escalera y ecosistemas frágiles como Yacumama. Para lograrlo, se requiere institucionalizar y financiar brigadas comunitarias de respuesta rápida en los municipios rurales, conectadas a sistemas satelitales de alerta temprana e impulsadas con el apoyo del Gobierno Regional de San Martín (Goresam), universidades y sectores locales. Asimismo, es imperativo destinar presupuesto a la transición técnica en el campo: sustituir la quema tradicional por el manejo de rastrojos, compostaje y sistemas agroforestales en cadenas productivas clave como elcacaoy elcafé, además de financiar infraestructura hídrica resiliente como microrreservorios y riego tecnificado para mitigar el impacto que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) anticipa sobre más del 13% de la superficie agrícola nacional.

El desafío para el Perú no es decidir entre permitir o prohibir el fuego, sino construir una política pública capaz de diferenciar entre incendios forestales y prácticas de manejo planificadas, incorporando monitoreo, gobernanza territorial, criterios técnicos y conocimientos tradicionales.

En un contexto de cambio climático, aprender a gestionar el fuego de manera responsable puede ser una de las herramientas más importantes para evitar los incendios forestales que cada año afectan al país.

Los bosques amazónicos no son terrenos descartables ni combustible para la expansión informal, sino el escudo natural que garantiza nuestra agua, nuestro clima y nuestra vida.

Proteger la Amazonía mediante leyes firmes y políticas de desarrollo sostenible es la única garantía para que las futuras generaciones hereden una tierra viva y no un mapa cubierto de cenizas. Fuentes: IPE – Indeci – Sinagerd.