Un peritaje de la Policía Nacional del Perú (PNP) concluyó que la firma consignada en la declaración jurada de la diputada Jacqueline Tapullima, de Juntos por el Perú, no correspondería a su rúbrica original. El documento, difundido por el dominical Cuarto Poder, forma parte de una investigación fiscal por la presunta falsificación de documentos durante su postulación al Congreso por la región San Martín.
Según el análisis policial, se identificaron nueve diferencias en los trazos, bordes y curvas entre la firma oficial de la parlamentaria y la que aparece en el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A partir de estas observaciones, el informe concluyó que la rúbrica cuestionada sería falsa. Asimismo, el peritaje, remitido al Ministerio Público, advirtió que la huella digital estampada en la declaración jurada tampoco correspondería a la legisladora.
Tapullima manifestó que esperará conocer cómo avanza el proceso; sin embargo, no precisó quién habría firmado el documento en su nombre ni quién habría colocado la huella cuestionada. Las investigaciones, iniciadas a finales de mayo de 2026, buscan esclarecer quiénes participaron en la elaboración y presentación del documento. Por estos hechos, la congresista afronta una investigación fiscal por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y delito contra la fe pública.
Al respecto, la abogada penalista Romy Chang explicó que, debido a que la presunta falsificación habría ocurrido antes de que Tapullima asumiera sus funciones parlamentarias, la Fiscalía de la Nación no necesitaría autorización mediante un antejuicio constitucional para investigarla por este hecho. Añadió que una eventual sentencia condenatoria del Poder Judicial podría derivar en su inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que supondría su salida definitiva de la Cámara de Diputados.
A estos cuestionamientos se suma la presunta presencia de la abogada Karolyn Bracamonte en el despacho parlamentario de Tapullima, donde habría realizado labores sin figurar en la planilla del Congreso ni estar registrada como integrante de su equipo técnico.
María Pinedo, extrabajadora del despacho, confirmó que Bracamonte asistía a la oficina y aseguró que advirtió a la congresista que dicha práctica no estaba permitida. Por este caso, la Comisión de Ética Parlamentaria evalúa el presunto uso irregular del despacho y podría imponer una suspensión de hasta 120 días sin goce de haber. En tanto, las responsabilidades relacionadas con el funcionamiento de la oficina requerirían un procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
