El máximo tribunal electoral dejó en claro que la Constitución se respeta: Zoila Flores Saldaña se encamina a la alcaldía provincial de Lamas y Alicia Fernández Trigoso a la de Rioja, demostrando que la ley está por encima de las mañas políticas.
Una sacudida política sin precedentes impacta directamente a la región San Martín tras la emisión de la Resolución N.º 4557-2026-JNE, norma aprobada por la mayoría del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la revisión de oficio de 427 actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales (JEE).
La máxima autoridad electoral dejó sentado un criterio jurisprudencial vinculante y sin excepciones a nivel nacional: el artículo 194 de la Constitución Política del Perú prohíbe de forma tajante la reelección inmediata de alcaldes, inhabilitando a quien ejerció el cargo en el periodo 2023-2026 para volver a asumir la alcaldía en el periodo inmediato siguiente, sin importar si postuló como primer regidor en la lista ganadora, si pretendió asumir tras la tacha o renuncia del titular, o si buscó el sillón municipal mediante el régimen de sucesión.
En nuestra región, este cerrojo legal impacta de lleno a las capitales provinciales de Lamas y Rioja, donde se intentó aplicar esta argucia electoral. En la provincia de Lamas, May Díaz Pérez, alcalde del periodo 2023-2026 que pretendía retornar al poder tras postular como Regidor 1 en la lista de Fuerza Popular, queda automáticamente fuera de la alcaldía provincial, correspondiéndole asumir el mandato a la regidora Zoila Flores Saldaña. Escenario idéntico se vive en la provincia de Rioja, donde el alcalde Jubinal Nicodemos Flores postuló como primer regidor por Avanza País para forzar su continuidad; sin embargo, al aplicarse la prohibición constitucional, el gobierno provincial recaerá en manos de Alicia Fernández Trigoso.
Asimismo, en el ámbito distrital, el reporte señala que en Zapatero (provincia de Lamas), Carlos Hidalgo Reátegui de Renovación Popular aparecía como R1 proclamado alcalde a pesar de su condición de autoridad en el periodo 2023-2026, situación que deberá ser corregida de inmediato por el órgano electoral.
La sólida resolución del Pleno – respaldada legalmente por los magistrados Burneo Bermejo, Gonzales Barrón y Torres Cortez, junto a la secretaria general Clavijo Chipoco – demuestra que los intentos por sacarle la vuelta a la Constitución no tienen cabida: las maniobras políticas locales tropiezan contra el peso de la ley, garantizando que el liderazgo de nuestras provincias quede en manos de autoridades legítimas y sin ataduras a viejas mañas de perpetuación en el poder.
