El anuncio del Gobierno sobre una revisión de las exoneraciones tributarias coincide con una iniciativa del Congreso que busca excluir del régimen preferencial a las empresas agrarias con ingresos superiores a 2.300 UIT.

La discusión sobre los beneficios tributarios vuelve al centro del debate económico. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluará las exoneraciones y otros incentivos que actualmente reciben distintos sectores, dejando abierta la posibilidad de mantenerlos, reducirlos o eliminarlos.

El anuncio adquiere especial relevancia para el sector agroexportador, debido a que en el Congreso ya se encuentra en trámite una propuesta que apunta a las empresas agrarias de mayor tamaño. El proyecto plantea excluir de los beneficios establecidos por la Ley 32434 a las compañías cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 UIT, con una estimación de hasta S/1.755,8 millones adicionales de recaudación para el Estado cada año.

Galarreta indicó que será el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien estará a cargo de realizar la evaluación técnica de los beneficios tributarios. La revisión, según explicó, deberá determinar si estos incentivos cumplen actualmente con los objetivos para los que fueron creados y si corresponde mantenerlos o plantear una nueva estrategia.

El jefe del Gabinete puso como ejemplo precisamente al sector agroexportador y señaló que el análisis permitirá establecer si las ventajas tributarias existentes deben continuar, reducirse o modificarse. Con ello, el Gobierno abre una discusión que trasciende el monto de la recaudación y alcanza también la finalidad de los incentivos otorgados a las empresas.

Por ahora, el Ejecutivo no ha anunciado qué beneficios serán modificados ni cuándo se tomaría una decisión. El escenario dependerá de la evaluación que realice el MEF, mientras el proyecto presentado en el Congreso plantea poner un límite a los beneficios para las compañías agrarias de mayor facturación.

El debate coloca frente a frente dos objetivos que deberán encontrar un punto de equilibrio: mantener condiciones que impulsen la inversión y el empleo en el agroexportador, pero evitar que los beneficios tributarios terminen favoreciendo de manera desproporcionada a las empresas de mayor tamaño. La discusión, más que eliminar incentivos por sí sola, obliga a determinar quiénes realmente los necesitan y qué resultados generan para el país.

Revisar los beneficios tributarios puede fortalecer la recaudación, siempre que la decisión preserve la inversión productiva y priorice el interés público.