Por: Carlos Cabrera Oliva
Diciembre es el mes en el que se hacen los balances del año. Se evalúa el desempeño de actividades, hechos, coyunturas, proyectos. Se analiza los contextos políticos, sociales y económicos. Finalmente, se hacen las proyecciones trimestrales, semestrales y se formula una proyección anual sobre el desarrollo económico del país. Todo esto en tiempos normales. Sin embargo, en las circunstancias actuales no hay forma de establecer criterios de predictibilidad. La inestabilidad política se agudiza hora tras hora, día tras día, semana tras semana.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Está el gobierno en rumbo de colisión?
Todo indica que sí. Cuando una embarcación está en esa dirección es muy difícil evitar el choque y su eventual naufragio. En cinco meses de gestión el problema de la corrupción e incapacidad administrativa atravesó al Ejecutivo, en tanto el Legislativo se manejó con una agenda ajena a un contrapeso político necesario para encaminar políticas urgentes para enfrentar la crisis económica en medio de una emergencia sanitaria generada por el COVID-19, que está distante de ser superada.
De otro lado, ha sido pública las pugnas internas en el gobierno entre el sector liderado por Vladimir Cerrón, en su condición de líder del partido Perú Libre; la izquierda bautizada como caviar, encabezada por Verónica Mendoza, cuya agrupación Nuevo Perú no ha conseguido aun convertirse en partido debido a lo cual se guarecen en la alianza Juntos Por el Perú, y el CONARE, organización vinculada al MOVADEF y derivada ahora en el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATE) base de la formación del Partido Popular Magisterial.
Esta confrontación no permitió conformar un equipo de gestión con la solvencia suficiente para tomar las riendas de una situación crítica por la que atraviesa el país, lo que nos ha llevado a una inestabilidad política que ha repercutido en la economía, disparó el precio del dólar y elevó el costo de vida a niveles de extrema preocupación, sobre todo en los sectores populares, hecho que de no haber correctivos puede dar pie a eventuales desbordes populares y a un incremento de la informalidad de la actividad económica que ya está en un 75%.
Otro de los efectos de la crisis política es que provoca desconfianza en el sector privado y en los inversionistas, claves en la generación de empleo y recursos para el Estado a través de la ejecución de proyectos de desarrollo. Los mensajes dados, por ejemplo, por la presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, respecto al cambio de reglas de juego en la actividad minera, ha tenido repercusiones negativas en el ámbito internacional, a tal extremo que proyectos de categoría mundial como Las Bambas y Antamina, paralizaron sus operaciones y ponen en tela de juicio la viabilidad de inversiones en el Perú.
A estas alturas de la gestión gubernamental del presidente Pedro Castillo, el país se encuentra en un mar de incertidumbre ante la indefinición de políticas públicas claras en educación, agricultura, transporte, minería, energía, entre otros rubros gravitantes para la economía nacional. La decisión de Vásquez de justificar y desagraviar a nombre del Estado a los protagonistas de actos violentos contra la propiedad privada y el bien común, así como neutralizar la intervención de las fuerzas del orden bajo el concepto de que no se debe “criminalizar la protesta”, ha empoderado a grupos dirigenciales que están extremando sus expectativas y centran sus exigencias en aspectos estrictamente económicos.
El discurso de la defensa ambiental ha quedado relegado a un segundo plano en conflictos que están generando la suspensión y paralización de proyectos en un sector que representa casi el 15% del PBI como es la minería, así como la agro exportación, la explotación petrolera. Las exigencias económicas, son cada vez más radicales, mientras que la respuesta del Estado es débil y no ha mostrado capacidad para encontrar puntos de solución permanentes, más allá de acuerdos coyunturales que no brindan ningún tipo de seguridad para inversiones de mediano y largo plazo.
La propuesta que trajo la izquierda está mostrando improvisación, pobreza de ejecución, permisividad para la corrupción y está muy alejada del discurso y la narrativa de integridad ética y moral pública que tanto pregonó. Los sectores políticos de derecha tampoco demuestran liderazgo y capacidad para conducir al país a un horizonte de paz y desarrollo. Cerramos el año en un ambiente más jalado hacia la anarquía, en el que el llamado centro ha sido ocupado por mercaderes de la política que tratan de pescar a río revuelto.
El próximo año es tarea de la clase política y empresarial encumbrar liderazgos sólidos y es tiempo de las regiones, siempre y cuando no sea la cárcel el destino final de sus gobernadores.
Texto de Imagen: Presidente Pedro Castillo con la Presidenta del Congreso María del Carmen Alva: Encuentros y desencuentros