La inoperatividad del Puente Punta Arenas, producto de un sabotaje deliberado, ha sumido a la región en una crisis logística y económica con visos de complicidad entre actores informales. Mientras la población depende de balsas clandestinas que cobran tarifas abusivas (hasta S/200 por camión), documentos oficiales revelan pérdidas económicas brutales: S/3.8 millones mensuales, según la Cámara de Comercio de San Martín.
El sabotaje y sus cómplices
El acto vandálico – denunciado desde 2023 pero aún impune – ha beneficiado sigue lucrando y alimentando una red informal:
Operadores de balsas: 19 de 20 embarcaciones carecen de permisos de la Marina, según el acta de reunión.
Ronderos: Cobran «peajes» ilegales se esté camión, camioneta, auto, según el horario y están señalados por transportistas como partícipes del caos.
Inacción estatal: La Fiscalía no avanza en las investigaciones, y el Gobierno Regional brilló por su ausencia en la reunión clave.
Impacto económico: cifras que alarman
El informe «Ayuda Memoria – Impacto Económico Punta Arenas» detalla:
Transporte: S/996,000 mensuales en sobrecostos (pasajeros y carga).
Comercio y construcción: Pérdidas de S/2.85 millones por retrasos y encarecimiento de materiales.
Tiempo perdido: Las lanchas improvisadas añaden horas de viaje, agravando la productividad regional.
Acuerdos incumplidos y descoordinación
En la reunión del pasado sábado 29 de marzo – presidida por la congresista Karol Paredes – se evidenció:
PROVIAS prometió reparar el puente al 50% en 60 días, pero sin cronograma formal.
La Marina exigió regularizar balsas en 48 horas, pero no hay sanciones para los infractores.
Demandas ignoradas:
Emergencia declarada para Campanilla (sin agua ni desagüe).
Patrullaje policial en puentes clave (Santa Martha, Pizana), aún insuficiente.
La raíz del problema: informalidad y abandono
Mientras autoridades como el MTC y el Gobierno Regional eluden responsabilidades, la población paga el precio:
Transportistas: Exigen una comisión de vigilancia con alcaldes y congresistas.
Empresarios: Denuncian que la carretera Fernando Belaunde Terry requiere concesión urgente.
Sociedad civil: «No avalaremos la informalidad», advirtió la congresista Cheryl Trigozo, pero las balsas ilegales siguen operando.
¿Qué sigue?
La próxima reunión -que exigió la presencia de la presidenta Dina Boluarte, el Primer Ministro, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y el ministro del Interior y el jefe de SUNAT será clave para:
Fiscalizar el cronograma de PROVIAS.
Sancionar a responsables del sabotaje y las balsas irregulares.
Destrabar proyectos de servicios básicos en Campanilla.
Mientras tanto, San Martín sigue navegando en la improvisación y orfanddad de un liderazgo del Gobernante Regional en este problema, que se evidenció nítidamente con su ausencia a la reunión realizado el pasado sábado.
La pregunta es: ¿cuánto más tardará el Estado Nacional o Regional en actuar?; tal parece que la Camara de Comercio de San Martin, está asumiendo esa tarea.
El Gobierno Regional, junto al Gobierno Nacional (Marina) deberían asumir las operaciones de las balsas, de modo que no haya el cobro del “badeo” arrancando de raíz posibles ataques de sabotaje, con ribetes de terrorismo, como lo sucedido, porque es evidente, que los que pepetraron este acto, son los que se benefician -aquí es donde las rondas y la PNP, tienen trabajo pendiente hasta dar con los responsables-
Se conoce -de buena fuente- que la policía está haciendo su trabajo de investigación y más temprano que tarde, tendremos tras las rejas a los delincuentes saboteadores.
¿Qué dice ley? El Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos decreto supremo Nº 001-2023-vivienda. Artículo 39.- Calificación de las Infracciones señala: Destruir y/o dañar bienes de uso público, y/o alterar las áreas de uso público, contrarios a su naturaleza, debiendo efectuar su restitución en forma inmediata.