En el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, un conductor de un camión Fuso denunció a los responsables de las balsas cautivas que operan en el sector del puente Punta Arenas por el cobro excesivo para el cruce de vehículos y pasajeros. La situación ha generado indignación entre los transportistas y usuarios, quienes exigen la intervención de las autoridades para regular estas tarifas.
El conductor afectado subió un video a redes sociales en el que increpa a los operadores de las balsas por cobrar sumas elevadas, aprovechándose de la falta de un puente que quedó inhabilitado hace algunas semanas debido a un acto vandálico. Según su testimonio, el costo inicial para cruzar con un camión era de 80 soles, pero luego le exigieron más de 150 soles, lo que considera un abuso.
Durante su reclamo, uno de los encargados de las balsas intentó agredirlo, pero el conductor se mantuvo firme en su denuncia. En su video, también cuestionó la ausencia de control policial y de las autoridades locales, quienes no estarían supervisando los cobros realizados por los operadores de estas embarcaciones fluviales.
Ante esta situación, la tarde de ayer representantes del Ministerio Público, junto con personal de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, llegaron al lugar para levantar un acta sobre las tarifas impuestas por los responsables de las balsas. La inspección busca determinar si existen medidas de seguridad e irregularidades en los cobros y tomar medidas al respecto.
Transportistas y pasajeros han manifestado su preocupación por el impacto económico de estas tarifas, ya que los trabajos de reparación del puente podrían extenderse por aproximadamente 12 meses. Esto afectaría gravemente la rentabilidad de quienes dependen de esta vía para trasladar pasajeros y mercancías.
Ante la denuncia, los usuarios exhortan a las autoridades regionales y municipales a establecer un sistema de regulación que garantice un cobro justo por el servicio de transporte fluvial. Además, piden reforzar la presencia policial en la zona para evitar abusos y garantizar el libre tránsito de los ciudadanos. Por: Hugo Anteparra