Según la demanda a la que pudo acceder Infobae Perú, los funcionarios habrían incurrido en tres delitos. La acusación también incluye a Nelly Paredes del Castillo, actual directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y extitular del Midagri.
De acuerdo con la demanda, los ministros y el premier habrían incurrido en el delito de avocamiento ilegal de proceso en trámite, luego de que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Desarrollo Agrario buscaran implementar una clasificación de tierras y reglas sobre el cambio de uso para actividades agropecuarias, a consecuencia de dos resoluciones emitidas por el Midagri.
“Las demandas de Inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Sociólogos del Perú y el Gobierno Regional de San Martín han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional, mientras la demanda de amparo contra la aprobación de la misma Ley también se encuentra en proceso judicial en el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima”, indican.