«Urge devolver el rumbo técnico»

La inestabilidad política ha golpeado seriamente a la Autoridad Nacional del Agua. Hoy, más que nunca, sus decisiones y soporte técnico resultan vitales para la sostenibilidad del agro y la seguridad hídrica del país.

El Ejecutivo oficializó el relevo en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en un intento por frenar la crisis presupuestal y el cuestionado manejo administrativo que arrastra la institución. La decisión responde a la urgencia de recuperar el carácter técnico de una entidad clave para el desarrollo agrario, duramente afectada por la inestabilidad política de los últimos años.

Mediante la Resolución Suprema N.° 004-2026-MIDAGRI, se dio por concluida la gestión de José Genaro Musayon Ayala, designándose en su reemplazo a Manuel Barreno Rodrigo como nuevo jefe de la ANA. El cambio no es menor: representa un intento por corregir distorsiones que han debilitado la capacidad operativa de una institución estratégica para el país.

La salida de Musayon Ayala se produce en medio de fuertes cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal y la salvaguarda de los recursos destinados al sector agrario. Diversas fuentes advierten que la entidad inició el ejercicio fiscal 2026 con apenas 8 soles en cuentas clave, una cifra que refleja un nivel crítico de desorganización financiera y que puso en riesgo la operatividad del sistema de riego a nivel nacional. Este escenario encendió las alarmas en el sector y evidenció la necesidad de un golpe de timón.

La designación de Manuel Barreno Rodrigo apunta precisamente a eso: reinstaurar un manejo técnico, transparente y eficiente. El nuevo jefe asume el cargo con el desafío de garantizar que cada recurso asignado al agro cumpla su propósito en el campo, evitando filtraciones burocráticas y decisiones de corte político que han erosionado la institucionalidad. El mensaje es claro: cero tolerancias al mal manejo y prioridad absoluta a la eficiencia técnica.

El reto no será sencillo: la ANA no solo enfrenta problemas financieros, sino también una pérdida de legitimidad producto de decisiones erráticas y una creciente percepción de uso político de sus cargos.

La crisis actual ha puesto en evidencia que el recurso hídrico no admite improvisaciones: su administración exige rigor técnico, planificación y continuidad.

El cambio en la jefatura de la ANA abre una oportunidad para corregir el rumbo. Pero más allá de los nombres, lo que está en juego es la capacidad del Estado para blindar una institución estratégica frente a la lógica de la repartija política. El país necesita una autoridad del agua fuerte, técnica y confiable, capaz de sostener uno de los pilares fundamentales de su desarrollo.